Agricultores y consumidores denuncian el precio abusivo de algunos productos agroalimentarios, cuyo desfase entre lo que cobra el productor y el coste que se paga por ese mismo producto en el supermercado supera el 400% de incremento en algunos casos. Según un análisis realizado en las ciudades de Cáceres, Badajoz y Mérida por la organización agraria UPA-UCE y la Unión de Consumidores de Extremadura, el encarecimiento medio es del 260% desde su origen hasta que llega al punto de venta.

El estudio se ha llevado a cabo entre el 16 y el 23 de junio y revela, por ejemplo, que un kilo de pimientos cuesta a los consumidores una media de 2,69 euros, mientras que al agricultor se le ha pagado 0,50 céntimos de euro; es decir, se encarece un 438% a lo largo del proceso. Otro caso significativo es el de la ciruela, que pasa de los 0,52 céntimos por kilo que cobra el productor a los 2,62 euros que cuesta en el comercio, lo que supone un 403% más.

Así hasta con diez productos básicos de la cesta de la compra, como el caso del melocotón y la nectarina, con un desfase del 377 y 337%, respectivamente entre el precio de origen y el de venta al público. Tomate, ternera, concejo, y huevos son otros productos que se encarecen más del doble en el mismo proceso. Por ello, agricultores y consumidores consideran que la desproporción de es "especialmente grave", y achacan el abuso a las "distribuidoras comerciales y los sectores de servicios".

MONOPOLIOS

UPA-UCE asegura que las consecuencias de esta situación afectan sobre todo a los dos eslabones que se encuentran al principio y al final de la cadena: los productores, que reciben precios bajos por los productos que venden e incluso en algunos casos por debajo de los costes de producción, y los consumidores, que "están soportando subidas injustificadas de precios".

Esto se produce, en su opinión, "por abusos que proceden tanto de la indefensión de los consumidores como de la posición dominante de algunos sectores empresariales, ciertas prácticas monopolísticas y oligopolísticas, a la ausencia de competencia en determinados servicios, y sobre todo, a la falta de transparencia de los mercados".

Por eso, UPA-UCE demanda un papel más activo del Gobierno central para garantizar la transparencia del mercado, así como una verdadera competencia en los sectores de intermediación comercial.

Ambas organizaciones llegaron en enero a un acuerdo para informar a los extremeños sobre la diferencia que existe entre los precios de venta de los productos en el mercado y lo que cobra por ellos el agricultor.