Un mes de julio horribilis . Fuentecapala echa el próximo lunes cierre y los responsables de la mina de Aguablanca planifican ya el desmantelamiento de las instalaciones. Dos núcleos de prosperidad de Navalmoral de la Mata y de Monesterio tienen ahora en vilo a casi medio millar de familias que en los próximos días pueden quedarse en la calle. En el caso de la empresa morala los despidos, de hecho, ya están en marcha. La que fuera la principal factoría textil de la región --llegó a emplear a más de 250 personas--, comenzará dentro de tres días a materializar las 38 salidas que prevé el expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo presentado en junio. Ayer terminó sin acuerdo la mediación solicitada y el lunes los sindicatos recurrián al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) para solicitar que sea impugnado.
Para los 38 trabajadores de Fuentecapala, el reloj se detuvo al mediodía, cuando se levantó acta sin acuerdo de la última oportunidad para negociar el futuro de la empresa en Navalmoral o bien la mejor salida posible para los empleados. Pero ni una cosa ni otra. La posición de los empresarios no se movió de la única alternativa que ya habían planteado, y el arbitraje de la Fundación de Relaciones Laborales en Mérida se cerró con las condiciones mínimas de la reforma laboral: 20 días por año trabajado y un límite de 12 mensualidades.
Los representantes de CCOO y UGT coincidían tras el encuentro en que habían llegado con escasas expectativas. "Incluso el mediador ha dicho que si la empresa no se movía de sus planteamientos no había ninguna opción de negociar", afirmó ayer Leocadio Núñez, responsable de Industria de UGT.
Los sindicatos habían mostrado su disposición a buscar un acuerdo. "Veníamos dispuestos a ofrecer un nuevo planteamiento, pero la empresa se ha negado a nada que no sea lo mínimo que marca la ley", decía el responsable de Industria de CCOO Saturnino Lagar.
La empresa ha mantenido desde el inicio de la negociación, el 10 de junio, la negativa a ir más allá. Solo en la última reunión planteó como alternativa "asesoramiento" para que las trabajadoras se constituyeran en cooperativa y hacerles después encargos, aunque sin compromisos en cuanto a plazos o volumen, ni acceder a ceder las instalaciones y la maquinaria. Y eso fue lo que puso ayer de nuevo sobre la mesa y fue una vez más rechazado por los sindicatos. "Las trabajadoras no se merecen el trato que han recibido porque todo lo que tiene Fuentecapala es por la calidad con la que han trabajado aquí, algunas más de 40 años", defendió Núñez. Sin acuerdo en cuanto al ERE, los sindicatos iniciarán la próxima semana los trámites para solicitar al TSJEx que sea impugnado puesto que consideran que el pretexto para llevarlo a cabo no es real. La empresa plantea un ERE extintivo, lo que supone que cesa la actividad. Sin embargo los sindicatos defienden que la actividad de Fuentecapala continúa y que lo que se lleva a cabo en realidad es una deslocalización de la producción. "Son despidos improcedentes porque los 28 trabajadores de Madrid que se dedican a la comercialización y la venta van a seguir trabajando y eso significa que seguirá habiendo actividad en la empresa", señaló Lagar. Es lo mismo que sostiene el responsable de UGT, para quien "no pueden estar aplicando a los trabajadores la reforma laboral más cruel siendo en realidad despidos improcedentes".
DESDE EL LUNES Según confirmaron trabajadores y sindicatos, a partir del próximo lunes están convocados los primeros empleados a los que se entregará la carta de despido. "El objetivo de la empresa es claro, seguir fabricando deslocalizando la producción, recalificar los terrenos de Navalmoral y venderlos para obtener más beneficio", resumía Núñez. Desde el 2009 la empresa ha ido recortando la plantilla a través de cuatro expedientes de regulación de empleo en los que la masa laboral de la empresa ha pasado de los 250 trabajadores que llegó a tener a los 38 que inician ahora la salida.
Ante el cierre de Fuentecapala, el consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, lamentó que la reforma laboral permita situaciones como la de la empresa textil, al otorgar a las empresas la capacidad de tomar decisiones "sin ningún tipo de control". En su opinión, sería necesario "cierto control administrativo" para comprobar que realmente existen causas objetivas y valoró que aunque los arbitrajes son positivos, "si de lo que se está tratando es de las condiciones económicas, eso no salva la situación de fondo, la decisión de la empresa de trasladar su producción a otro sitio, amparada por la legislación".
NO LLEGA LA DIA En cuanto a la mina pacense, el tiempo corre y no va a favor de su continuidad. Con la prórroga de Lundin Mining para hallar un comprador caducada desde el 30 de junio, la única posibilidad pasa por que el Gobierno central emita de forma inmediata la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que permitiría que alguna de las empresas que se interesó por mantener la explotación pueda al menos plantear una oferta firme que detenga el proceso y retenga los 420 empleos ligados a la extracción de níquel. Pero las últimas novedades están lejos de esa vía y ayer el consejero de Industria, José Luis Navarro, apuntó a que la empresa está ya tratando con el Ministerio de Industria el plan de cierre de de Aguablanca.
Navarro manifestó que cada jornada que pasa sin la DIA las instalaciones se acercan a un "punto de no retorno" en el que "ya dará igual todo lo que se pueda hacer", principalmente, según Efe, porque una vez que la empresa entregue la documentación al Gobierno central sobre la descripción detallada respecto al desmantelamiento de las instalaciones, y este proyecto sea aprobado la mina empezará a desmantelarse.
La continuidad de Aguablanca se antojaba difícil desde que Río Narcea anunciara el cese de la explotación aludiendo a problemas de rentabilidad por la caída del precio del níquel. La filial Lundin Mining aceptó prorrogar la ejecución del ERE para favorecer que otra empresa pudiera mantener la actividad. De hecho hubo contactos con cuatro, aunque ninguna presentó una propuesta firme a la espera de la DIA, que no está aunque se llegó a dar por segura a mediados de junio. En esa cuestión incidió ayer Navarro, que pidió al Gobierno central que se pronuncie sobre este proceso de solicitud de desmantelamiento de la mina. Reprochó el "silencio absoluto" en Madrid.
