La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) advierte de que va a ser necesario un "replanteamiento" del empleo público y de la remuneración de los asalariados si se quiere sanear las cuentas de las administraciones públicas. Esta medida afectaría especialmente a Extremadura que presenta la mayor tasa de funcionarios del país (25%) en relación al número de trabajadores, junto con los índices más elevados respecto a la cifra de población activa y de habitantes.

El artículo Empleo público y consolidación fiscal , publicado en el último número de los Cuadernos de Información Económica de Funcas, asegura que el empleo público ha crecido un 27% entre 1998 y 2009, una expansión que se ha producido sobre todo en las administraciones autonómicas y ayuntamientos, por lo que cualquier ajuste en el empleo y la remuneración de los trabajadores de estas entidades "tendría un efecto cuantitativo considerable" sobre las cuentas.

Esta cuestión afectaría sobremanera a Extremadura, ya que tiene la tasa más elevada de funcionarios del país, con 243 por cada 1.000 trabajadores; es decir, que uno de cada cuatro ocupados en la comunidad autónoma extremeña es empleado público, casi un centenar más que la media nacional, según los propios datos de Funcas hechos públicos ayer. El estudio señala además que la comunidad extremeña lidera también el índice de funcionarios por número de habitantes y por la cifra de personas ocupadas. Así, de cada mil personas que viven en Extremadura, 90 trabajan en las administraciones públicas, en tanto que en Aragón la tasa es de 77 y en Madrid de 74, frente a una media nacional de 64.

MERIDA Ese notable número de personal funcionario es palpable en algunos ayuntamientos como el de Mérida, que duplica en porcentaje de empleados públicos a Cáceres o Badajoz si se tiene en cuenta la población activa de cada una de ellas. Así, del total de la población en edad de trabajar, la capital extremeña tiene un 3% de trabajadores dependientes del ayuntamiento; mientras que ese índice cae al 1,4% en los casos de Badajoz y Cáceres, que cuentan con unos 1.400 y 900 empleados (entre funcionarios y laborales), respectivamente.

No en vano, la nómina de diciembre, la ordinaria y la extraordinaria, ha desvelado que el ayuntamiento emeritense ha pagado 3,5 millones de euros por ese concepto a sus 1.100 trabajadores, cifra esta última considerada "desproporcionada" por el alcalde de la capital extremeña, Angel Calle, una valoración que ha criticado el sindicato CSIF.

Además, el informe de Funcas detalla que, frente a esas tasas extremeñas, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares cuentan con el menor índice de empleados públicos por mil habitantes, con 50 en los dos primeros casos y 56 en el tercero. Si se compara con el número de activos, es también Extremadura la de mayor tasa, con 206 empleados por cada mil activos, es decir que uno de cada cinco es funcionario; un indicador muy superior a los de Aragón y Castilla-La Mancha, que le siguen con 155 y 154, respectivamente.

COBRAN MENOS Sin embargo, pese a ese mayor número, un funcionario extremeño integrado en el grupo A, que engloba a los titulados superiores, cobra hasta 11.000 euros menos que uno igual en Canarias, y 10.000 menos que otro de Baleares, según el último informe comparativo realizado por la Unión Sindical Obrera (USO). La región extremeña ocupa los últimos lugares en cuanto a la homologación de los salarios también en el resto de los grupos, aunque las diferencias no son tan elevadas, según ese mismo estudio realizado en toda España.