El jefe de conservación y explotación de carreteras de la Junta de Extremadura, J. M. P. G., detenido el pasado martes en Mérida dentro de la operación anticorrupción Enredadera, habría sido sobornado como mínimo con 66.050 euros por la empresa Fitonovo para que ésta recibiera contratos de la administración regional y adjudicaciones directas. Este dinero lo recibió entre los años 2006 y 2012. Así lo considera la magistrada Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, en el auto que ha enviado a prisión con fianza de 180.000 euros al director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera, que presuntamente es el 'ideólogo' de la trama.
Alaya estima que el alto funcionario extremeño, que anoche fue puesto en libertad con cargos y sin fianza, habría recibido estas cantidades en concepto de sobornos a partir del 1 de febrero de 2006 después de acordar en "connivencia" con Fitonovo inflar los contratos con un sobreprecio que no se ajustaría a lo que verdaderamente deberían de costar las obras de mantenimiento de las carreteras. Después se habrían repartido al 50% ambas partes (el funcionario y la empresa) de ese exceso que desembolsaba la Consejería de Fomento por la prestación de los servicios.
Por lo tanto, gran parte del ahorro que obtendría la empresa al recibir la adjudicación, a costa del perjuicio de las arcas públicas, lo empleaba en repartirlo en forma de dávida al funcinario y quedarse con la otra mitad. En otros casos, aunque de momento no está comprobado que sea también el funcionario extremeño detenido, la empresa sevillana, les regalaba a los supuestamente implicados de otras provincias desde joyas, caviar, cava, viajes o productos electrónicos como videocámaras. También se realizaron pagos y regalos a cargos públicos de distintos administraciones. La juez habla de Fitonovo como "una organización criminal jerarquizada".
En el auto judicial Alaya considera que la cantidad recibida por el jefe de sección de carreteras de Extremadura podría ser aún mayor porque a lo largo del proceso de instrucción de este caso se descubrió en uno de los registros una 'caja b' de la empresa, donde se constaba múltiples retiradas de dinero en efectivo para pago de las comisiones. Hasta el momento se ha podido constatar, en general, el pago de 1,9 millones de euros en sobornos, pero ese estudio exahustivo de dinero negro aún no está finalizado. Según la magistrada, "las dádivas constituían práctica habitual de la empresa" y se hacían "de forma periódica o mensual a buena parte de los funcionarios públicos imputados", llegándose a emitir recibos con cargo a la 'caja B' de la compañía.
DOCUMENTACION La juez se basa en "la extensa documentación incorporada a la causa, y más concretamente de los archivos documentales correspondientes a la caja B de Fitonovo SL". A partir de ahí, Alaya también se refiere a los asientos contables de la empresa, a "sus continuas anotaciones manuscritas" y a "los recibos" de la caja B, de donde se habría retirado el dinero para el pago de las 'mordidas' o también a través de comerciales que habrían recibido las instrucciones de los abonos de las cantidades a los funcionarios.
Todo ello "con la expresa indicación del destinatario concreto al que iban dirigidas en concepto de soborno" esas cantidades, advierte Alaya en su auto, en el que se refiere a las "facturas supuestamente falsas que nutrían la referida caja B utilizada especialmente para el abono de tales cohechos". El informe de la UCO es "exhaustivo, pormenorizado" y desciende a "los mínimos detalles", lo que permite relacionar las cantidades percibidas por los funcionarios públicos sobornados, destaca la jueza. En julio se registraron las empresas Fitonovo y su filial Fitoverde, que junto a Conversa, Cytever y Klevin son las cinco que Alaya también quiere conocer en Extremadura sus adjudicaciones desde el año 95, como informó ayer EL PERIODICO.
