Los alrededor de mil funcionarios que el Ministerio de Justicia tiene en Extremadura están llamados a partir de hoy a una huelga con carácter indefinido. La protesta ha sido convocada por los sindicatos UGT, CCOO, CSI-CSIF y STAJ en todas la comunidades autónomas a las que aún no han sido transferidas las competencias en materia judicial y se propone como principal objetivo la homologación salarial con las regiones en las que el traspaso ya se ha hecho efectivo.
Fuentes sindicales consultadas por EL PERIODICO aseguran que el seguimiento de la huelga va a ser masivo en las dos provincias. "Hace un par de semanas realizamos una encuesta entre los trabajadores para ver su opinión sobre la huelga y el resultado fue abrumadoramente favorable a hacerla indefinida y de lunes a viernes, a pesar del perjuicio económico tan importante que les supone", señala Juan María Cordero, coordinador de Justicia de UGT Extremadura.
El Ministerio de Justicia ha fijado unos servicios mínimos que afectarán en torno al 30% de los trabajadores. A juicio de Cordero, son "abusivos" y lo que intentan es evitar que se note la incidencia de la huelga. "Han sido impuestos y sin ningún tipo de negociación", concluye.
En materia de juicios, estos servicios mínimos solo obligan a la presencia de los funcionarios en aquellos que son de índole penal y hay de por medio una causa con preso. El resto, "o se suspenden o se celebran solo con el juez y el secretario", explica Vicente Alegre, portavoz de Justicia de CCOO en Extremadura. De decantarse por la segunda opción, significaría celebrar el juicio sin nadie que, por ejemplo, llamase a los testigos o se encargara del orden en la sala.
La exigencia fundamental de los sindicatos convocantes de la huelga es conseguir la equiparación salarial entre los funcionarios que trabajan en regiones en las que las competencias de Justicia las tiene todavía el Estado (además de Extremadura, Asturias, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla) y los de aquellas con competencias transferidas. "Lo que se pide es terminar con la discriminación que existe entre los territorios que seguimos dependiendo del ministerio y las comunidades que han asumido las transferencias, porque haciendo las mismas funciones no cobramos lo mismo ni mucho menos", sostiene Juan María Cordero, que añade que la brecha salarial entre unos y otros se sitúa en torno a los 200 euros mensuales.
Además del incremento de sueldo, otras cuestiones objeto de reivindicación son la mejora de las guardias, tanto en el aspecto retributivo como en las condiciones de los descansos, y otras relativas a la política de personal. "Ahora no se están negociando ni las ofertas de empleo público, ni cómo van a ser las oposiciones, ni la promoción interna", lamenta Vicente Alegre.
En cuanto a la posible duración que pueda tener la protesta, Vicente Alegre afirma que están dispuestos a prolongarla hasta las próximas elecciones generales, que tendrán lugar el 9 de marzo. "Como todo el mundo va a seguir la huelga, se han sorteado los turnos para ver quién se queda para hacer los servicios mínimos. Y los turnos se han sorteado hasta el siete de marzo", argumenta.
Por su parte, Juan María Cordero, confía en que "por el bien de todas las partes esto no se prolongue mucho, pero la gente está muy cabreada, porque esta discriminación la venimos sufriendo desde hace varios años".
MANIFESTACIONES Además de la huelga, los funcionarios de Justicia extremeños han organizado dos manifestaciones. La primera de ellas el próximo jueves desde el Palacio de Justicia de Badajoz hasta la Delegación del Gobierno en la ciudad y la otra el viernes 8 de febrero en Mérida desde los juzgados de la capital autonómica hasta la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura, ambas entre las 11.00 y las 13.00 horas.
