La justicia extremeña retoma su actividad. Los funcionarios volverán hoy al trabajado después de dos meses y tres días de huelga, incluida la jornada de transición de ayer entre la firma del acuerdo y la desconvocatoria oficial de la protesta, que no se materializó hasta por la tarde tras someter a referendo el acuerdel domingo entre el ministerio y los sindicatos en Madrid.
El 68% del personal extremeño que participó en la consulta dijo sí al acuerdo y se espera que hoy todos se pongan manos a la obra para sacar el trabajo diario y el acumulado en estos más de dos meses de paro indefinido convocado en las siete comunidades autónomas con las competencias no transferidas.
El día de ayer fue sobre todo una jornada "difícil", valoró el representante de Comisiones Obreras en Cáceres, José Antonio Barcas. Algunos funcionarios volvieron a su puesto de trabajo, los menos; y otros continuaron la huelga. Aunque el acuerdo nocturno del domingo suponía en la teoría el fin de la movilización, los trabajadores no lo tenían tan claro al no haberse sometido a votación, según el compromiso adquirido por los sindicatos.
PEGAS AL ACUERDO El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, firmó el domingo con la cúpula de la función pública de CCOO y UGT un pacto por el que los funcionarios pasarán a ganar en varias fases 190 euros mensuales más, frente a los 200 euros que reclamaban desde el principio los huelguistas. Sin embargo, faltaba que los funcionarios refrendasen ayer el acuerdo a través de una consulta convocada por los otros dos sindicatos, CSI-CSIF --el segundo con mayor representatividad en el sector después de CCOO-- y STAJ.
El acuerdo se sometió a votación por la mañana. En Cáceres, 87 funcionarios votaron sí al acuerdo frente al no de otros 46 y en Badajoz, 167 respaldaron el pacto y 72 lo rechazaron. Los datos estatales fueron similares: el 59,17% votó a favor de aceptar el acuerdo y el 61,48% apoyó la desconvocatoria de la huelga. "El acuerdo no es satisfactorio al 100%, pero se acerca a nuestras pretensiones aunque hay que pulir algunos aspectos sobre los planes de actuación para sacar adelante el atasco", explicó Antonio Rodríguez, delegado de personal de CSI-CSIF en Cáceres.
El malestar se dejó notar entre los funcionarios por las formas en las que se había zanjado el conflicto, "sin consultar a los trabajadores. Cualquier acuerdo debería estar avalado por los funcionarios", aclaró Barcas. De ahí que ayer el clima que se vivía en los juzgados fuera sobre todo de "incertidumbre". "La gente no sabía qué hacer, si ir a trabajar o no", señaló el representante cacereño de CCOO.
Así, la mayoría de juzgados extremeños y órganos en general de Justicia continuaron ayer en servicios mínimos. El Registro Civil de Cáceres, por ejemplo, pasó de un funcionario a tres, aunque no recuperó su plantilla al completo. En el juzgado de instrucción número 1 sólo faltaron dos trabajadores, uno por baja médica y otro por la huelga, y pudo por lo tanto celebrar una audiencia previa señalada con anterioridad al inicio de la protesta laboral y otro juicio se suspendió por la incomparecencia de un testigo, confirmó el magistrado titular del juzgado y decano, Federico Alba.
Este insistió ayer en que costará entre 8 y 10 meses desatascar el colapso provocado por la huelga. "El perjuicio es terrible", valoró y aclaró los funcionarios podrán sacar adelante su atraso en unos seis meses, pero que los jueces no podrán poner más sentencias que las habituales --unas 50 al mes--. El panorama es similar en el resto de comunidades. El Tribunal Supremo y el Registro Civil Central han estado prácticamente paralizados. De ahí el aplauso casi unánime de todos los colectivos afectados a la vuelta a la normalidad.
