La futura Ley Audiovisual del Gobierno puede dar un importante vuelco al mapa de las televisiones locales en Extremadura. Las medidas anunciadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología afectarán a 10 de las 23 emisoras de carácter local -- el 47%-- que emiten en la actualidad en la comunidad extremeña. Prisa, a través de Localia, y el Grupo Correo, con Telefrontera en Badajoz y Canal 30 Cáceres, son las compañías audiovisuales más afectadas por la restricción en la participación accionarial de las TV locales.
El texto normativo que maneja el Ejecutivo de Aznar plantea que ninguna empresa que posea una concesión de televisión podrá participar en otra cadena, entendiendo concesión no sólo las cadenas generalistas de ámbito nacional --Canal Plus, Antena 3 TV y Tele 5--, sino también aquellas emisoras de locales y autonómicas.
Prisa en Extremadura es propietaria o participa accionarialmente en ocho televisiones locales a través de Localia (Badajoz, Cáceres, Plasencia, Mérida, Navalmoral, Trujillo, Zafra y Jerez de los Caballeros). En la actualidad, esta empresa mantiene negociaciones con empresarios de Don Benito y Villanueva de la Serena para un proyecto futuro de TV en Vegas Altas.
Por su parte, el Grupo Correo se vería afectado por su participación en Telefrontera en Badajoz. De igual manera estaría obligado a desprenderse de Canal 30 Cáceres, propiedad de UNE, pero con vínculos empresariales con este grupo por la participación de Correo en Tele 5, donde dispone del 25% del capital.
En la región, el resto de televisiones locales está en manos de Canal 47, son de empresarios independientes o de ayuntamientos. Extremadura casi ha triplicado el número de emisoras en sólo tres años aunque sigue entre las comunidades en las que la TV local ocupa una menor cuota de pantalla. Según un estudio de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, sólo cuatro de cada diez extremeños puede sintonizar en sus hogares una TV de este tipo.
REACCIONES
La elaboración de este proyecto de ley ha sido acogido con indignación y sorpresa entre las compañías afectadas. El Grupo Prisa ha calificado como "inadecuada" la futura ley mientras que Correo tachó de "absolutamente inadecuado" recurrir a una enmienda para regular un sector de tanta trascendencia social como el sector audiovisual, "muestra clara de la improvisación e intervencionismo del Gobierno en todo lo relativo al ámbito de la comunicación", informa Efe.
El ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, ya anunció que la prohibición evitará que las cadenas locales hagan "competencia desleal" a los operadores nacionales en abierto y garantizará que las empresas que explotan las cadenas nacionales, autonómicas o locales tengan accionistas distintos. Por su parte, las televisiones públicas deberán ofrecer contenidos de interés general, tanto las estatales como las autonómicas.
Piqué anunció que estos criterios, que formarán parte de la futura Ley Audiovisual, serán introducidos en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2003. El ministro justificó esta premura por el hecho de que cualquier regulación en el sector de la televisión local requiere un plazo de "maduración" de 18 meses, antes de ser llevada la práctica.
El ministro, que aseguró que los nuevos principios no afectan a las competencias de las comunidades autónomas, señaló que el Ejecutivo ha tenido en cuenta como modelo para la nueva regulación la situación en países como Francia o Reino Unido.
