Obsoletas, sin ninguna función y cuyo patrimonio --cuatro edificios-- debe pasar a las organizaciones profesionales agrarias (Opas) en beneficio de los agricultores. Así describen UPA-UCE, Apag-Extremadura, Coag y Asaja las cámaras agrarias de Cáceres y Badajoz, que deberían suprimirse por su nula operatividad, y dejar paso a un consejo asesor agrario en el que las organizaciones agrarias con más representatividad en la región establezcan un mecanismo de interlocución con las administraciones públicas. Esa es la propuestas que realizan estas Opas y que prevé el borrador del proyecto de ley de representatividad agraria que está ultimando el Gobierno extremeño y que negocia con estas Opas. El objetivo es trasladar a la región la normativa nacional aprobada en octubre y que se espera esté lista este año, según el consejero de Agricultura, Juan María Vázquez.
Esa normativa tendrá que regular la representatividad de estas organizaciones agrarias, y una forma de hacerlo podría ser a través de la celebración de elecciones al campo, que no se hacen en Extremadura desde marzo del 2002 y que antes lo hizo en mayo de 1998. Pero también hay otros mecanismos de representatividad contemplados en la ley estatal, tales como mantener los resultados de elecciones al campo ya celebradas o acreditar al menos un 15% de los votos.
Lo cierto es que la actual situación de las cámaras agrarias de Badajoz y Cáceres "no tiene sentido, porque son organismos obsoletos, vacíos de contenido, y lo ideal es crear un consejo asesor agrario --que la ley estatal lo establece-- en el que se establezca un reconocimiento institucional a estas Opas y su interlocución con la administración pública", indica el secretario regional de UPA-UCE, Ignacio Huertas.
Y es que "hay que modernizar la situación de las cámaras", apunta Bibiano Serrano, responsable de Apag-Extremadura-Asaja, que coincide en contar con este consejo asesor agrario e insiste en que la representatividad de las Opas debe salir de las urnas.
