El Grupo Gallardo Balboa ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Galvacolor, el área de galvanizado de su empresa Alfonso Gallardo SA, que afecta a 88 trabajadores de esta planta ubicada en Jerez de los Caballeros, una situación que los sindicatos quieren abordar con la recolocación de la plantilla, aunque reconocen que es «complicado».

«Es un cierre necesario porque los datos de producción son muy negativos y hay una mala situación del mercado del acero galvanizado», arguyeron ayer fuentes del grupo empresarial, que apelaron a la prudencia dado que es ahora cuando da comienzo el proceso de conversaciones con la representación de los trabajadores.

Esta empresa del Grupo Gallardo Balboa cuenta con una plantilla total de 165 trabajadores. La medida de regulación de empleo afecta a 88 de los 96 empleados de la planta dedicada a la producción de chapa galvanizada, que dejaría así de estar operativa. Galvacolor inició su actividad en febrero del 2002, entonces como una sociedad independiente dentro del grupo, y la paralizó del 2008 al 2017, cuando la volvió a retomar.

«POR SORPRESA» / Por su parte, el secretario general de Industria de CCOO en Extremadura, Saturnino Lagar, confesó ayer que el expediente ha cogido «por sorpresa» a la plantilla dado que hace tan solo dos meses la empresa les había comunicado que tenía buenas perspectivas, pero tampoco les ha extrañado en exceso porque «el material no llegaba con fluidez» y ello empezó a generar «dudas».

No obstante, «no esperaban que fuese tan radical», con una propuesta de despido de la mayor parte de los trabajadores y con una indemnización de veinte días por año trabajado con un máximo de una anualidad. Estas indemnizaciones serán reducidas porque, remarcó, los más veteranos solo tienen una antigüedad de dos años.

Ante este panorama, la representación de los trabajadores afrontará el proceso de negociaciones con su rechazo a estos despidos y abogará por una recolocación de los empleados en las empresas del grupo, aunque Lagar reconoce que es una solución complicada teniendo en cuenta la situación de la compañía. «Algunas empresas [del grupo] ya generan beneficios, pero la deuda que arrastra es considerable», señaló.

Además, este responsable sindical avisó de que recolocar a los trabajadores afectados significa prescindir de eventuales de otras empresas del grupo, «lo que es vestir un santo para desvestir a otro», por lo que hay que analizarlo «con detalle».

De momento, se ha abierto un período de negociaciones de un mes de plazo, que empezó a correr el pasado viernes con la presentación de la documentación por parte del grupo. En este sentido, Lagar confía en que se pueda rebajar la cifra inicial de despidos dado que la empresa ha reconocido que está abierta a la negociación. Desde el propio grupo extremeño se confirmó ayer esta disposición a negociar. «La voluntad de la empresa es que se tomen las medidas que sean lo menos traumáticas posible», se indicó.

Por su parte, la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, señaló ayer sobre la medida de regulación de empleo presentada en Galvacolor que conocer que «cualquier empresa de la región va a poner en marcha un ERE es una pésima noticia», tanto para los trabajadores y el empresario como para la economía regional.

Igualmente, la portavoz del ejecutivo autonómico añadió que el Gobierno regional espera que la negociación de dicho expediente lleve a «la mejor salida» para los empleados afectados. Hay que «confiar en que las negociaciones vayan a buen término» y que «cada uno haga su papel y su trabajo», remarcó.