El Grupo Industrial Alfonso Gallardo hizo pública ayer una nota para responder a las acusaciones vertidas por el PP extremeño sobre los beneficios que obtiene este grupo empresarial de la política industrial que lleva a cabo la Junta de Extremadura. En relación con la entrada de la empresa jerezana en el mercado del butano, el grupo industrial recuerda que el mercado de los gases licuados del petróleo (GLP) está liberalizado en Extremadura, abierto a la iniciativa privada y que en ella, además de Repsol, empresas muy consolidadas en el sector, como GLP, CEPSA y GALP, distribuyen también este producto.

Así contestó ayer Gallardo a la reciente afirmación del secretario regional del PP, César Díez Solís, de que, tras el futuro cierre de la única planta de Repsol en la región, la encargada de suministrar este producto será la futura refinería que promueve el Grupo Industrial en la zona de Tierra de Barros (Badajoz). En ese sentido, los populares criticaron que los sectores estratégicos en Extremadura están en manos de un grupo "con fuertes vinculaciones" con el Ejecutivo regional y que además de realizar la distribución del gas canalizado en la región, tiene la patente del cemento y pretende implantar la industria petroquímica para suministrar gasóleo y gasolina.

Gallardo recalcó que "carece de todo fundamento hablar de concentración o favoritismo industrial", y calificó como "pura maldad" las insinuaciones del PP en torno a que el cierre de la planta de Repsol en Mérida obedece a un plan preconcebido beneficiar al grupo. Gallardo defiende que su grupo ha entrado en este mercado para competir en libertad, en las mismas condiciones que todos los demás, y con el propósito de lograr una cuota que garantice la rentabilidad de su iniciativa empresarial.

Por este motivo, Gallardo pide al PP que reflexione sobre la rentabilidad política que puede sacar a las declaraciones de su portavoz y les invita a que aclaren "cuáles son sus iniciativas para fomentar y consolidar al sector industrial extremeño" si critican la intención de la Junta de abrir nuevas industrias en la región

EL PP ELUDE LA POLEMICA Ante la respuesta de Gallardo, PP aseguró ayer mediante un comunicado que "nunca ha querido polemizar con el Grupo Gallardo", sino criticar la política industrial de la Junta y su pasividad ante el cierre de la factoría de gases licuados en la región.

Los populares no creen que haya polémica con la empresa privada a la que acusan de defenderse "con argumentos, descalificaciones y valoraciones similares a las del partido en el poder". El la nota recuerdan que las críticas las ha suscitado la vinculación de la instalación de la refinería petroquímica con el suministro del gas para toda Extremadura, una medida que se ha "vendido" como la solución ante un problema, el cierre de la planta emeritense de Repsol.

El PP subraya que el proyecto industrial que ellos defienden para Extremadura conjuga el respeto al medioambiente con los usos tradicionales de la agricultura, por considerar ambos compatibles y complementarios.

Por eso, reitera su firme oposición a instalación de una refinería de petróleo en Tierra de Barros, instalación petroquímica que contará con una "importantísima" financiación de la Junta, cercana a los 90 millones de euros.

En esa nota recuerdan otros proyectos del Grupo Gallardo aprobados por la Junta, como la concesión de la distribución y canalización del gas en la región en fraude de ley, según una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura o la polémica social por el impacto ambiental de la cementera de Alconera.

El PP se pregunta si tienen ellos la culpa de que el Gobierno socialista "se apropie de los proyectos industriales del Grupo Gallardo, los fomente, favorezca y organice manifestaciones a favor".