El alcalde de Almendralejo, José García Lobato, aseguró ayer ante el juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, que el concurso para adjudicar un contrato de eficiencia energética a Cofely —empresa vinculada a la trama— fue legal y transparente, y negó cualquier amaño en el mismo.
García Lobato, que compareció ayer ante el juez de la Audiencia Nacional en calidad de investigado, negó en todo momento que se intentase amañar un contrato de servicios energéticos por importe de 20 millones de euros para adjudicárselo a Cofely en 2014, según informaron fuentes jurídicas.
Además, otros dos miembros del equipo de gobierno del consistorio extremeño comparecieron ante el juez. Se trata del primer teniente de alcalde, Luis Alfonso Merino, y del concejal Carlos González (ambos del PP), que también estaban citados como imputados junto a un empresario y un asesor externo.
Según las citadas fuentes, García Lobato y Merino se ratificaron en todo momento en lo que declararon el año pasado ante la Guardia Civil y negaron que hayan recibido —ellos u otros miembros del ayuntamiento— ninguna comisión ilegal de la trama.
Ambos intentaron dejar claro ante el juez que el concurso —que finalmente fue paralizado por orden de la Audiencia Nacional— fue legal y transparente, y que su única intención era mejorar los servicios de eficiencia energética en el municipio pacense.
ADMITE CONVERSACIONES / El alcalde reconoció hace meses ante los medios que en 2014 mantuvo conversaciones con el entonces director comercial de Cofely, Pedro García Pérez —al que la UCO le pinchó el teléfono—. En dichos pinchazos telefónicos se ponía de manifiesto que la empresa «habría intervenido en la redacción de los pliegos» del concurso público, si bien el alcalde manifestó que era algo que entraba en la dinámica normal del concurso en el que las empresas mandan el modelo de contratación que más les interesa, pero que son finalmente los técnicos los que elaboran los pliegos de condiciones.
Sin embargo, según las citadas fuentes, es precisamente en este punto en el que la versión aportada por los investigados sobre quién redactó los pliegos del concurso ha diferido y han podido entrar en alguna contradicción.
La convocatoria de este concurso fue finalmente paralizada por el ayuntamiento en octubre del 2014 a petición de la Audiencia Nacional y después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se personaran en el consistorio para requerir el expediente completo del concurso y la oferta presentada por Cofely.
