La comisión gestora que tiene que hacer la constitución de las comunidades de regantes en las que tendrán que inscribirse los agricultores para los nuevos regadíos de Tierra de Barros se va a poner en marcha el próximo día 6 de noviembre, según anunció ayer el consejero de Agricultura, José Antonio Echávarri.

En rueda de prensa, explicó los acuerdos relativos a Agricultura que se aprobaron en el pasado Consejo Extraordinario de Gobierno de Don Benito. Entre esta medidas, se encuentra la Declaración de Interés General de los regadíos de Tierra de Barros, un proyecto que pretende habilitar 15.000 hectáreas de regadío privado en esta zona. Para esta iniciativa, así como para la creación de 3.000 hectáreas de regadío en Monterrubio de la Serena, la Junta tiene previsto destinar 50 millones de euros, según recordó el consejero.

Tras recordar que las obras se iniciarán en 2016 y se prolongarán al menos durante dos años, Echávarri indicó que el Gobierno extremeño está abierto a la negociación en este proyecto, aunque insistió en que el número de hectáreas que se convertirán al regadío en Tierra de Barros responde a las existencias actuales de agua en esa zona.

No obstante, insistió en que no se trata de una iniciativa cerrada y ha explicado que si en el futuro se pueden disponer de los 12 hectómetros cúbicos reservados en la presa de Alange para la central de ciclo combinado prevista en la zona y para la refinería Balboa, cuando se archiven estos proyectos, el número de hectáreas de regadío en Tierra de Barros se podría ampliar.

El consejero recordó que el director general de Desarrollo Rural, José Luis Gil, ha explicado "pueblo por pueblo" a los agricultores en los últimos días cuales son los criterios del mapa de regadíos que se ha elaborado. Reconoció que en este mapa "ha podido haber algún error" con lo que cabría aún la inclusión de alguna hectárea, en el actual periodo de alegaciones, siempre y cuando se lleve a cabo con criterios de "sentido común" y "sostenibilidad".

REBUSCO Con respecto a las otras medidas aprobadas, Echávarri se refirió al acuerdo para controlar las prácticas ilegales asociadas a la comercialización de productos agrarios, que beneficiará a más de 50.000 agricultores extremeños de los sectores fundamentalmente de la aceituna y la uva. "No se trata de hacer un decreto sobre el rebusco, que es una práctica absolutamente legal", sino de coordinar y crear un protocolo entre todos los sectores implicados para evitar los robos en el campo, ha dicho el consejero. Echávarri destacó que ya sólo con el anuncio de este protocolo, para lo que se iniciarán en breve las reuniones con las organizaciones agrarias, cooperativas y demás sectores implicados, ya han descendido considerablemente los robos de productos en el campo.

Entre otras medidas acordadas, se encuentra el reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal, los trabajos para reintroducir el quebrantahuesos en Extremadura, la creación del Jardín Botánico regional en el Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste y la implantación de la certificación forestal a los montes extremeños. Además, el Ejecutivo extremeño construirá caminos rurales y pistas forestales en 20 municipios de la región que sólo tienen acceso por una carretera, para facilitar la evacuación de la población en caso de incendio. Para Echávarri, estas medidas "afianzan" la apuesta del Gobierno de José Antonio Monago por el campo y por el patrimonio natural extremeño.