El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó ayer la senda de estabilidad 2018-2020 y elevó en una décima, hasta el 0,4%, el objetivo de déficit para el 2018; y el 0,1% para el 2019 cuando era del 0%. En concreto, el Gobierno de España ha conseguido sacar adelante esta medida con el rechazo de seis comunidades socialistas (todas menos Extremadura, que se abstuvo), Cantabria y Cataluña. Sobre este asunto, la consejera de Hacienda y Administración Pública de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, justificó ayer la abstención de la comunidad autónoma ante el nuevo techo del objetivo de déficit en que se aproxima a las demandas planteadas en los últimos dos años (la decisión de abstenerse fue consensuada por el Gobierno de Vara con la dirección de socialista de Ferraz, quien dio su consetimiento).
Blanco-Morales niega que se abra «una brecha» entre las comunidades gobernadas por este partido. «Comprendemos que es una aproximación a nuestra demanda», insistió antes de recordar que el Gobierno extremeño lleva años pidiendo que los cumplimientos no conlleven recortes. Ahora bien, Blanco-Morales se opuso a que esa décima de más para cumplir el déficit afecte a la tesorería de la Seguridad Social, por lo que exige a Montoro que deje claro que esta no se resentirá.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, agradeció la abstención de Extremadura frente al rechazo del resto de comunidades del PSOE, una opción que es «muy legítima» y que él anima a usar en el Congreso de los Diputados. «No tiene por qué votarse siempre sí o no. Se puede uno abstener, da lugar a mostrarse indiferente ante la propuesta y facilita el progreso del sistema», manifestó Montoro.
El Consejo estuvo presidido por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y Montoro, se celebró a solo una semana del anterior para suavizar los objetivos de déficit de las comunidades y permitirles una mayor holgura de gasto. A favor de los nuevos objetivos de déficit votaron cuatro comunidades del PP (La Rioja estuvo ausente), las ciudades autónomas Ceuta y Melilla, y Canarias, que ayer consiguió del ministro de Hacienda el compromiso para que las islas puedan destinar el superávit de este año a inversiones productivas. Si bien Cataluña se posicionó en contra, no pudo votar al enviar la Generalitat como representante al secretario de Economía, Pere Aragonés.
Las comunidades socialistas coincidieron en criticar esa décima de margen al entender que lo que necesitan es que se suavice la regla de gasto para invertir sus ingresos. Además, lamentaron que el Gobierno quite la décima que entrega a las comunidades a la Seguridad Social, un ámbito ya deficitario que, dicen, siempre han querido preservar junto a la sanidad y la educación.
En el Consejo hubo tres ausencias: País Vasco, Navarra y La Rioja. Cabe señalar que la aprobación de los objetivos no supone ningún problema ya que el Consejo de Política Fiscal cuenta con 19 votos de la Administración General del Estado, un número paritario al de las comunidades.
