Abierto el plazo para solicitar las ayudas por los daños sufridos por incendios o tormentas este verano. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el real decreto, aprobado en el Consejo Extraordinario de Ministros celebrado el jueves, de medidas urgentes para paliar los trastornos provocados por los citados fenómenos durante las últimas semanas. Entre ellos se incluyen los que provocó el fuego que el mes pasado arrasó 3.200 hectáreas en Las Hurdes, si bien el Ministerio de Interior aún tiene que definir los términos municipales y núcleos de población a los que serán de aplicación las iniciativas estatales.

Así puede leerse en el decreto, que fija que las solicitudes de ayudas por daños personales, materiales y destinadas a establecimientos de diverso tipo (incluidos los agrarios) deberán presentarse en dos meses, contando a partir de la entrada en vigor del decreto --que tuvo efecto con su publicación en el BOE, ayer-- ante las Delegaciones o Subdelegaciones de Gobierno, que serán las encargadas de su tramitación. Lo mismo ocurre con las ayudas a personas físicas que hayan realizado prestaciones personales o de bienes, así como a las corporaciones locales.

El Gobierno también prevé facilitar subvenciones para alquiler de viviendas, si hubieran quedado destruidas, así como para su reparación, aunque no hubo casos de este tipo en Extremadura, dado que los incendios no alcanzaron viviendas. Además, se prevén ayudas para la reparación de infraestructuras municipales o provinciales y para actuaciones de restauración forestal y medioambiental.

Aparte de estas últimas, las que más incidencia tendrán, previsiblemente, en la región son las indemnizaciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas, que se otorgarán siempre que estas estén aseguradas (para la parte que no cubra el seguro) o lo estuvieran la campaña anterior (si el periodo de contratación del seguro no hubiera comenzado). Las pérdidas se valorarán sobre la producción esperada de la campaña y será el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, en coordinación con las comunidades, el que fijará el procedimiento para determinar a cuánto ascenderán las ayudas.

Además, se conceden una serie de beneficios fiscales (como la exención del IBI en el 2009 o la reducción del Impuesto sobre Actividades Económicas), con un apartado específico dedicado a las actividades agrarias. También se habilita una línea de créditos del ICO para las reparaciones que deban llevar a cabo los afectados.