El Gobierno no autorizará la instalación de cámaras de vigilancia en las calles de los municipios extremeños de Olivenza y Llerena, tal y como se había planteado en la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de Extremadura. La delegada del Gobierno, Carmen Pereira, aseguró ayer que se deniega la petición porque "no se dan circunstancias que justifiquen una medida tan extraordinaria" . Según explicó, la instalación de este tipo de cámaras de seguridad "limitan un derecho fundamental de las personas, como es el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen". Los ayuntamientos afectados han anunciado que recurrirán la decisión.

La norma que regula la instalación de videovigilancia en las vías públicas establece que debe haber un equilibrio entre el riesgo que existe y la preservación de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y la comisión lo que señala en su informe, en base a ello, es que "debe haber un riesgo concreto, específico e importante para que se autorice una medida de esta naturaleza", estimando que "en los casos de Olivenza y Llerena no se dan", se indicó ayer a EL PERIODICO desde la citada Comisión de Garantías de la Videovigilancia.

Debe haber, se añadió, un equilibrio entre los principios de intervención mínima y de idoneidad, entre la necesidad por una parte de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de la gente, la seguridad, y de otra parte la protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. "Extremadura es bastante pacífica, y los dos pueblos que las han solicitado seguramente también".

RECURRIRAN El alcalde de Olivenza, Ramón Rocha, no había recibido ayer por la mañana la comunicación oficial de la decisión, pero ya anunció, en declaraciones a este diario, que van a recurrirla y justificarán la solicitud "aún más". Rocha insiste en explicar, como ya hizo el martes a EL PERIODICO, que lo que pretenden en la localidad es proteger la ciudadela medieval, en cuya rehabilitación se ha hecho un importante desembolso.

El alcalde considera que la instalación de las videocámaras "es la única solución, porque no tenemos policías para colocar uno en cada banco y en cada farola". Como el motivo alegado por la Delegación del Gobierno es que no está suficientemente justificada la propuesta, "vamos a justificarla bien, con fotografías de todos los actos vandálicos".

Rocha entiende que la colocación de cámaras no puede ser indiscriminada, sino solo en zonas donde hay ciertas instituciones y elementos importantes del patrimonio. Sobre la protección al derecho a la intimidad, el alcalde apunta que lo que se va a grabar es a personas que circulan por la calle y que si hubiera policías vigilando también las verían.

También desde Llerena se recurrirá e insistirá en la petición, "porque las consideramos necesarias", señaló a este diario el alcalde, Valentín Cortés, quien hizo constar que lo que harán también es tratar de argumentarla mejor, "pues quizás no hemos sabido trasmitir bien la justificación de la solicitud, los motivos y porqués de esta necesidad para nuestro municipio".

Explicó que lo que ellos tratan con la instalación de las videocámaras "es suplir la carencia de medios que tenemos, en concreto tratar de cubrir con efectivos tecnológicos la falta de efectivos humanos, pues en las zonas para las que las hemos solicitado, las cuatro esquinas y la calle Aurora, eminentemente comerciales, se producen todos los fines de semana numerosos destrozos, tanto en tiendas como en mobiliario urbano, y la vigilancia que se requiere en ellas no podemos dársela con los efectivos de la policía local.

Para el alcalde de Llerena son éstos "suficientes motivos como para que podamos dar ese servicio de videovigilancia al pequeño y mediano comercio. Esta, además de para prevenir posibles robos, es la razón de nuestra solicitud y vamos a insistir en ella, porque es razonable".