Las comunidades autónomas deberán destinar un mínimo del 25% del suelo urbanizable a viviendas de protección oficial (VPO), según el borrador de la nueva Ley del Suelo que está estudiando el Gobierno. Así lo adelantó ayer la ministra de Vivienda, Maria Antonia Trujillo, en la clausura de la XIV Asamblea General de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe (Minurvi) que ha tenido lugar en Guadalupe.

En la actualidad, las diferentes administraciones regionales españolas eligen libremente el espacio destinado a las VPO, por lo que mientras que unas reservan hasta un 60% como el País Vasco, otras como Cataluña sólo dedican el 20%. Extremadura, desde el 2001 ya establece este 25%, según señaló ayer Javier Corominas, presidente de la Agencia Extremeña de la Vivienda. Con esta nueva ley el Gobierno quiere establecer esta horquilla mínima del 25%, pero dando margen de elección a las comunidades.

LOS OBJETIVOS La ministra insistió en que el objetivo es trasladar el compromiso adquirido en el Plan de Choque a la futura Ley del Suelo y explicó que el borrador, que ya se está debatiendo en un ámbito reservado y fuera de la comisión de expertos, y que se presentará a las Cortes antes de fin de año, recoge recomendaciones y criterios concretos para que las comunidades autónomas puedan desarrollar su marco legal sobre gestión urbanística.

En este sentido, la titular de Vivienda señaló que la Ley del Suelo pretender ser un freno a la especulación del suelo para cumplir con la Constitución y destacó que la complementariedad entre el Plan de Vivienda y la Ley de Suelo es el auténtico eje central de la política de su ministerio, incidiendo en que se inspirará en los principios de desarrollo urbano sostenible y de mejora de la calidad del medio urbano. Por ello, insistió en que esta ley pretende combinar la prudencia necesaria para ser eficaz con la ambición de contribuir a renovar y regenerar las políticas de suelo y urbanismo.

La nueva ley, según destacó la ministra extremeña, se encabezará con un estatuto básico de los derechos y deberes de todos los ciudadanos, y no sólo de los propietarios, en relación con su medio urbano y rural. Hasta el momento, indicó Trujillo, estas cuestiones nunca se habían recogido la ley estatal del suelo.

MAYOR PRESUPUESTO Trujillo, que asistió ayer a la inauguración oficial de la cumbre sobre vivienda y urbanismo que se viene celebrando desde el pasado lunes en Guadalupe destacó también que el presupuesto del Ministerio de Vivienda se incrementará en un 20% este año con respecto al 2004, convirtiéndose así en el departamento que reciba la mayor subida presupuestaria por parte del Gobierno central. Trujillo afirmó que esta subida supone uno de los mayores esfuerzos del Gobierno en los futuros presupuestos.

Según la ministra Trujillo, "la transparencia en el planteamiento urbanístico y la participación ciudadana" han sido dos de las cuestiones más planteadas en esta cumbre, a la que han asistido más de 50 mandatarios de 22 países. Así, uno de los acuerdos de la Declaración de Guadalupe, que recoge las conclusiones del encuentro y que firmaron ayer los ministros iberoamericanos, máximos mandatarios de Vivienda y la ministra Trujillo constata que se "establecerán medidas para combatir la especulación del suelo y mecanismos para facilitar la participación ciudadana y el acceso a una vivienda digna".

Además, como actividades paralelas a la cumbre, el Ministerio de Vivienda y la oficina de Naciones Unidas para América Latina y Caribe (Rolac), firmaron un convenio por el que España destinará 130.000 euros en calidad de fondos para el desarrollo de las ciudades.