El Gobierno plantea dar dos años más para decidir sobre el futuro de Almaraz

Fuentes del Ministerio de Energía confirmaron ayer que desde este departamento se ha remitido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) «una propuesta de modificación de las autorizaciones de explotación de todas las centrales nucleares» en la que se recoge que las decisiones sobre la continuidad de estas instalaciones «deben adoptarse teniendo en cuenta la planificación energética en su conjunto». De esta forma, las propietarias de las plantas no tendrán que resolver si quieren seguir adelante o no con su explotación hasta que conozcan la composición del futuro mix eléctrico español (cómo se reparte la generación entre las diferentes fuentes: renovables, nuclear, ciclo combinado, etcétera).

Desde el departamento dirigido por Álvaro Nadal no se precisó cuál será el periodo de aplazamiento que se concederá a las dueñas de las plantas, únicamente que la propuesta remitida al CSN «establece que los titulares deberán presentar las solicitudes de renovación una vez hayan sido elaborados los Planes Integrados de Energía y Clima». No obstante, fuentes del sector precisaron que, en principio, el planteamiento del ministerio supondría dos años de prórroga, con lo que, en lugar de iniciar los trámites tres años antes de que finalicen los permisos en vigor, Almaraz solo tendría que hacerlo con uno de antelación, en 2019. Desde la central cacereña se aseguró ayer, en cualquier caso, no tener a ninguna comunicación oficial a este respecto.

Lo que si se mantendrá, según matizó ayer el ministerio, es la obligación de presentar a tres años vista la documentación técnica necesaria de inversiones y seguridad en las instalaciones, de forma que el CSN pueda ir valorándola para el caso de que finalmente se decida solicitar la continuidad de las operaciones.

A finales del pasado mes de abril, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, avanzó que su compañía había pedido más tiempo al Gobierno para decidir si solicitaba la renovación de los permisos de explotación de las centrales conforme los plazos para hacerlo fuesen caducando (tras Almaraz, la siguiente donde esto sucederá será Vandellós II, este mes de julio). El argumento era el mismo que el esgrimido ahora por el Gobierno: poder conocer antes cómo va a tratarse dentro de la futura política energética la generación nuclear. Sánchez Galán afirmó entonces que la filial nuclear de esta compañía lleva años soportando importantes pérdidas debido a los impuestos que gravan la energía nuclear en España, una situación que había modificado «el plan de negocio original».

DIFERENTES POSTURAS / Iberdrola es la socia mayoritaria de la Agrupación de Interés Económico Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, encargada de la gestión y administración de ambas instalaciones nucleares, con un 51,2% de la participación. Según indican fuentes conocedoras del proceso, Gas Natural Fenosa y EDP, con otro 19,3% y 5,5%, respectivamente, también se han mostrado partidarias de solicitar un aplazamiento en unos términos muy similares a los planteados por Iberdrola, si bien Endesa (23,3%) se ha opuesto a ello. De hecho, la petición de Iberdrola al Gobierno la hizo desde otra central, la de Cofrentes, de la que es propietaria al cien por cien.

En este sentido, el presidente de Endesa, Borja Prado, ha negado que las nucleares sean «negocios inviables». Por este motivo, aun admitiendo que soportan «cargas fiscales importantes, lo que no vamos a ser nosotros es los precursores de cargarnos el sistema», ha asegurado.

Salvo excepciones, en las agrupaciones de interés económico los acuerdos deben tomarse por unanimidad de los partícipes, por lo que, de materializarse, la prórroga del ministerio serviría también para dar más margen a las compañías para acercar posturas en cuanto al futuro de estas instalaciones.