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El Gobierno recurre al Constitucional la Ley de Exclusión Social de Extremadura

El Ejecutivo de Rajoy considera que la norma extremeña invada las competencias estatales

 

El ministro Íñigo Méndez de Vigo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. - JUAN MANUEL PRAT

EFE
21/04/2017

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) determinados preceptos de la Ley de Exclusión Social de Extremadura, por considerar que invade las competencias estatales y que conduce a "cuartear" la unidad del territorio nacional.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha dado cuenta de esta autorización a recurrir la ley extremeña, aprobada en julio del año pasado por la Asamblea regional.

Méndez de Vigo ha argumentado que algunos artículos de la normativa extremeña son "una intromisión" en las competencias del Estado, que afectan tanto al contenido de la misma como a la "inembargabilidad de ayudas económicas extraordinarias de apoyo social".

Ha recordado el ministro portavoz que en la actualidad hay en el Senado un pacto estatal de sanidad, por un lado, y que el Gobierno también contempla la posible modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que podría afectar a la actual disposición sobre embargos de ayudas.

Bajo ese prisma, Méndez de Vigo ha subrayado que el Ejecutivo cree que lo mejor es intentar llegar a un acuerdo que afecte a todo el territorio nacional y no sólo a una comunidad.

"Empezar a cuartear la unidad territorial es una mala idea", ha recalcado.

A finales del año pasado, la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Extremadura decidió iniciar conversaciones para resolver algunas "discrepancias" sobre esta ley en relación con la atención sanitaria a extranjeros que no sean beneficiarios del Sistema Nacional de Salud y la universalización de la atención sanitaria.

También hay diferencias en lo referente a las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias que prevé la normativa autonómica.

La ley, que salió adelante con los votos a favor del PSOE y Podemos y la abstención del PP y Ciudadanos, incluyó destinar 86 millones para la renta básica, 12 para mínimos vitales y 3 para la contingencia, progresivamente en dos ejercicios presupuestarios.