Ofrecer sanidad pública y gratuita a los inmigrantes que no han logrado conseguir papeles y evitar el embargo de ayudas de apoyo social previstas para determinadas contingencias son los dos puntos que han hecho saltar las alarmas en el Gobierno central. Ambos preceptos están incluidos en la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social de Extremadura, una normativa que se aprobó el pasado mes de julio en la Asamblea (y que se considera la base de la política social de la Junta). El Consejo de Ministros considera que ambas cuestiones suponen un choque con áreas que son responsabilidad directa del Estado y por ello la ley regional va a ser recurrida al Tribunal Constitucional. Así lo comunicó ayer el portavoz del Gobierno y ministro Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo. «Se trata de una intromisión por parte de esta ley en competencias del Estado, las cuales afectan tanto al contenido de la misma como también a la inembargalidad de ayudas económicas extraordinarias de apoyo social, lo que supone una invasión del artículo 149 de la Constitución», manifestó literalmente Méndez de Vigo.
«Este es un tema importante, el Gobierno es consciente de ello, pero en estos momentos hay en el Senado residenciado un pacto estatal de sanidad. Y, por otro lado, dentro de las medidas que el Gobierno contempla en sus paquetes legislativos, está la posible regulación o modificación de la Ley de enjuiciamiento civil», añadió. Y apostilló: «El Gobierno cree que, en estos momentos, empezar a cuartear la unidad territorial es mala idea y, por tanto, recurre esta ley con la voluntad de llegar a un acuerdo que afecte a todo el ámbito nacional».
La propuesta ha sido elaborada de conformidad con los criterios manifestados por los ministerios de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de Justicia, y de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado.
La respuesta de la Junta de Extremadura no se ha hecho esperar y se ha defendido de este ataque a uno de sus proyectos más importantes argumentando que el Estado no va a recurrir la normativa regional al completo, sino solamente ciertos preceptos.
En cuanto al concepto de sanidad universal, la Administración regional ha avanzado que para garantizar este derecho se elaborará una norma de rango inferior. En relación a la inembargabilidad de ayudas económicas extraordinarias de apoyo social, «la propia reseña del Consejo de Ministros dice que se va a llevar a cabo una modificación legislativa para evitar los embargos de las ayudas en caso de emergencia, por lo que entendemos que comparte este precepto».
«Podemización de Vara» / El Grupo Parlamentario Popular no ha dejado pasar la oportunidad para recordarle al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que ellos le tendieron la mano «en incontables ocasiones» para evitar que la norma extremeña «tuviera visos de inconstitucionalidad». «El fraude legislativo sobre exclusión social es culpa de la podemización de Vara. Su forma de legislar lleva el sello de La Corrala y se trata de una estrategia para cumplir con Podemos y echarle la culpa de todo a Rajoy», sentencia el diputado popular José Ángel Sánchez Juliá.
«No solo la Abogacía General de la Junta y el Consejo de Estado le advirtieron a Fernández Vara de la inconstitucionalidad de algunos aspectos de esta ley, sino que el PP le ofreció diálogo sincero. Pero entonces había elecciones y convenía vender un mensaje de izquierda, izquierda, y al presidente de la Junta le pudo más el beneficio de la propaganda que el sentido de la responsabilidad», añade Juliá.
Ataque a los vulnerables / Por su parte, Podemos Extremadura considera que el anuncio del Gobierno central de recurrir la ley supone un nuevo «ataque a las personas más vulnerables de la comunidad». Así lo valora la presidenta del grupo parlamentario, Irene de Miguel, quien añade que se trata de una normativa muy importante para la región extremeña. «Supone un gran avance para luchar contra la desigualdad por lo que consideramos que se trata de una falta total de sensibilidad con quienes peor lo están pasando», insiste De Miguel. Y agrega: «Vara debe tomar las medidas necesarias para demostrar al Ejecutivo central la oposición desde la comunidad a las políticas que maltratan y humillan una vez más a Extremadura por parte del PP».
La Ley contra la Exclusión Social salió adelante gracias a los votos del PSOE y Podemos mientras que PP y Ciudadanos se abstuvieron. La norma incluye 86 millones para la renta básica (frente a los 48 que se destinaban), 12 para mínimos vitales y tres para la contingencia.
