El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura por entender que invade las competencias del Estado para decidir sobre la obligatoriedad o no de la colegiación como condición para el ejercicio profesional.
El Consejo de Ministros acordó en su reunión de ayer interponer recurso contra el precepto de esa ley, aprobada en diciembre de 2002, que dispensa de colegiación al personal funcionario, estatutario o laboral de las Administraciones Públicas de Extremadura.
En concreto, el Ejecutivo considera "formal y materialmente inconstitucional" el inciso del artículo 17.1 que exime de colegiación al personal al servicio de las Administraciones Públicas de Extremadura "para la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquellas".
El Ejecutivo sostiene que es al Estado a quien corresponde regular los aspectos funcionales y organizativos básicos de los Colegios Profesionales, y es "quien constitucionalmente está facultado para decidir sobre el carácter obligatorio o no de la colegiación como condición misma del ejercicio profesional, ya que se trata de un aspecto básico de toda organización colegial, tal como lo ha entendido el Tribunal Constitucional".
De acuerdo con esta argumentación, la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el ejercicio de su competencia sobre Colegios Profesionales, no puede adoptar ninguna decisión que se aparte de lo establecido por el Estado, como sucede en el inciso recurrido.
En marzo del pasado año, el Gobierno ya recurrió ante el TC una norma similar dictada por la Junta de Andalucía.
