La Junta de Extremadura podrá autorizar y regular la venta de madera quemada, una medida que pretende paliar en lo posible el efecto causado por los incendios forestales y evitar perjuicios en el medio ambiente.

El portavoz del PSOE en el Parlamento regional, Luciano Fernández, anunció ayer que su formación ha presentado en la Asamblea una Proposición de Ley para reformar el artículo número 75 de la Ley 5/1992 de 26 de noviembre sobre Ordenación de las Producciones Agrarias en Extremadura, un punto que prohibía la venta de madera quemada durante los tres años posteriores al incendio.

Según la propuesta de los socialistas --que saldrá adelante por la mayoría absoluta que tiene el PSOE en la Cámara--, en la región se permitirá la enajenación y venta de productos forestales procedentes de los incendios "bajo el control que establezca la Junta".

El objetivo de esta propuesta, que se quiere tramitar por vía de urgencia, es hacer frente a las peticiones de los propietarios públicos y privados de los terrenos arrasados por el fuego el verano pasado.

La Administración regional podrá determinar qué parte de los beneficios obtenidos por los propietarios privados se destinen a labores de reparación de la superficie quemada, mientras que en los montes públicos se estipula que el producto de esa venta se destinará "íntegramente" a la reforestación de la zona quemada.