Un total de 15 arrendatarios de explotaciones agrícolas de Badajoz y de las localidades pacenses de Aceuchal, Olivenza, Montijo y Solana de los Barros, imputados por supuestos delitos de contratación ilegal; y tres ciudadanos rumanos detenidos como presuntos autores de delitos de falsificación de documentos --también se acusa a todos de delitos contra los derechos de los trabajadores-- es el resultado de una importante operación llevada a cabo por la Guardia Civil de Badajoz.
Son solo los primeros resultados, pues según informó ayer la Delegación del Gobierno, los agentes siguen investigando las posibles contrataciones ilegales realizadas por la organización desarticulada, "por lo que no se descartan nuevas imputaciones". Los detenidos hasta ahora han pasado ya a disposición de los juzgados de Almendralejo y Montijo.
La operación, a la que se ha dado el nombre de Florida , se inició a primeros de año, a raíz de la alerta de la Guardia Civil por el número inusual de detenciones de rumanos por conducir con permisos de conducción falsificados. En concreto, se registraron 10 casos en Arroyo de San Servan, Aceuchal, Castuera, Ribera del Fresno, Hornachos y Solana.
La investigación llevó a averiguar la existencia en Almendralejo de un grupo organizado dedicado a la falsificación y venta de documentos rumanos, lo que llevó, el pasado día 9, a los registros de tres domicilios y una nave industrial de Almendralejo y Villafranca de los Barros, donde se incautaron cartas de identidad y permisos de conducir rumanos falsificados, y diferentes útiles para falsificarlos. También se intervinieron listados de ciudadanos rumanos que trabajaban bajo su control y de las distintas explotaciones agrícolas donde habían facilitado mano de obra.
RED DE EXPLOTACION La segunda fase de la operación sacó a la luz una red de explotación de trabajadores. Se pudo conocer que los tres rumanos detenidos transportaban e introducían grupos de compatriotas desde su país hasta Almendralejo y Villafranca, "donde los alojaban masivamente" en pisos o naves industriales. "La organización actuaba como una empresa de contrato de agricultores, proporcionaba a explotaciones agrícolas cuadrillas sin permisos de trabajo, y recibían el total de las jornadas desarrolladas por los mismos".
Era la organización quien los trasladaba a las explotaciones y los recogía, y también la que pagaba a cada uno la jornada "con salarios ínfimos", todo "con ánimo de lucro ilícito y restricción de los derechos de los trabajadores, no existiendo contrato alguno".
La información obtenida llevó a los agentes, a mediados del presente mes, a la imputación de 15 arrendatarios de explotaciones agrícolas como presuntos autores de los delitos contra los derechos de los trabajadores, "al admitir cuadrillas de trabajadores en la recogida agrícola de los frutos, sin contrato laboral y sin seguridad social".
