Liberalización del comercio total o casi? Los grupos parlamentarios extremeños no se ponen de acuerdo, porque los socialistas no están dispuestos a que la Junta renuncie a un cierto control sobre la apertura de las superficies comerciales de más de 2.500 metros cuadrados, como propone el PP. La nueva ley de comercio, que se debatió ayer en la Comisión de Economía, Comercio e Innovación de la Asamblea, prevé que este tipo de establecimientos deben contar con un informe favorable vinculante de la Administración regional, en el que se analicen aspectos "de interés general", como los medioambientales, culturales o patrimoniales.
Esta normativa se está modificando para adaptarla a la directiva europea de servicios --que tiene por objetivo general mejorar la atención a los consumidores-- y forma parte de las medidas incluidas en el Pacto Social y Político por Extremadura. El consenso es bastante amplio, pero ayer, cuando los diputados del PP y PSOE presentaron sus enmiendas al proyecto presentado por el Gobierno regional, surgió un importante escollo: la autorización a las grandes superficies comerciales (tipo Carrefour, El Corte Inglés...).
"LIBERALIZACION LIGHT" Según Luis Alfonso Hernández Carrón, los populares se oponen a la "liberalización light" que plantea la Junta que, a su juicio, pretende mantener un "férreo" control sobre los establecimientos comerciales de más de 2.500 metros cuadrados, a través de un informe preceptivo vinculante basado, no en criterios económicos (como hasta ahora), sino "de interés general". Estos, a juicio del PP extremeño, ya están garantizados por las licencias municipales, por lo que el control regional impide la "verdadera liberalización" que propugna la directiva de servicios.
No lo considera así el socialista Felix Dillana, que, aunque anunció que su grupo presentará una enmienda incorporando alguna de las propuestas de la oposición, rechazó la supresión de esa "licencia previa". Según dijo, en este caso los populares extremeños se fijan solo en el modelo del PP de Madrid, que no de otras comunidades gobernadas también por este partido (en alusión a que han adoptado iniciativas similares a la que se plantea en Extremadura) buscando la "liberalidad del sector".
En declaraciones a este diario, Dillana explicó que su intención es "limitar la liberalización total de grandes superficies por razones urbanas, patrimoniales o medioambientales". Como ejemplo, citó el caso de un hipotético hipermercado que se implante en una cabecera de comarca, lo que generaría un impacto sobre ambiental solo por el lugar donde esté, sino por el flujo de consumidores que provocaría.
Es la postura que comparte la Confederación Extremeña del Comercio, cuyo presidente, José María Reino, explica que la directiva de servicios prevé que las administraciones incluyan este tipo de reservas. "No puede basarse en criterios económicos --como ocurría antes--, pero sí en esos otros de interés general", detalla recordando que la norma europea no afecta solo al sector del comercio.
Otros de los puntos de fricción entre el PP y el PSOE es la concesión de licencias ambulantes, competencia que ambos coinciden en que queda reservada a los ayuntamientos. Sin embargo, la ley prevé fijar un plazo máximo y mínimo de vigencia, que el anteproyecto pretendía desarrollar mediante reglamento y ahora los socialistas están dispuestos a incluir ya en la norma. Sin embargo, Hernández Carrón advirtió que ya existe un decreto nacional que reserva esta competencia municipal, por lo que este apartado puede convertirse en una injerencia regional sobre la autonomía local, que podría abrir la puerta a posibles recursos de los ayuntamientos y la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (Fempex).
Por otro lado, la comisión también debatió durante la sesión de ayer el dictamen sobre la nueva ley de actividades feriales, que igualmente se renueva (en su caso, derogando a la anterior) para adaptarla a la directiva de servicios.
