Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) que están llevando a cabo la investigación de las supuestas cacerías ilegales de Monterrubio de la Serena calculan que los cazadores pagaban al organizador (uno de los siete detenidos en la Operación Safari ) entre 6.000 y 9.000 por participar en actividades en las que se mataban lobos, tigres y leones.
Fuentes de la investigación consultadas por este diario señalaron su extrañeza por las cifras que se están manejando y que hablan de entre 24.000 y 30.000 euros por pieza, cantidades que los agentes consideran "desmedidas". Los participantes eran personas de clase alta "pero tampoco gente de tanto dinero como se piensa".
Por otra parte, agentes participantes en esta investigación han lamentado la falta de colaboración que han tenido por parte de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente hasta el momento en el que se efectuaron las detenciones, hace ya una semana, con lo que la operación ha sido "todavía más difícil".
Como ejemplo, señalan que ya en una ocasión solicitaron a los técnicos de la Consejería que les acompañasen a realizar una inspección a los presuntos perros para determinar si, como sospechaban, se trataba de lobos, a lo que se habrían negado.
Mientras, Luis Martínez, abogado de Manuel M. D., --presunto organizador de estas cacerías-- ha criticado, en declaraciones a ABC, la operación de la Guardia Civil, que considera "una actuación mediática". Según explica, en la finca "no había suelta de animales", por lo que no puede hablarse de cacerías. Además, se muestra convencido de que los hechos ocurridos en la finca "no son constitutivos de delito", aunque reconoce que se trata de "una actuación inusual".
