Una pequeña ayuda para que algunas asociaciones tengan oxígeno y puedan seguir adelante con sus proyectos que funcionan desde hace décadas en la región. La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales ha habilitado, a través de dos líneas, algo más de 200.000 euros extra para atender los programas de inclusión que se quedaron fuera de la subvención anual del IRPF (la que sale de la casilla de fines sociales de la declaración de la Renta). De momento hay 14 solicitudes, 12 de las cuales pertenecen a estos proyectos excluidos. «Se trata de una convocatoria abierta de concesión directa, donde las solicitudes se irán concediendo, siempre que reúnan los requisitos, a medida que se vayan presentando», aseguran desde la propia consejería.
La cuantía de la subvención podrá ser del 100% del coste de los programas sin que el dinero total que se reciba pueda sobrepasar el 40% del crédito disponible ni la cantidad de 72.000 euros.
¿De dónde salen esos 200.000 euros extra? De una convocatoria de ayuda a programas de inclusión social para colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social publicada en el DOE el pasado 12 de marzo, que amplía de 230.000 a 335.000 la cuantía con respecto a 2017; y de otra convocatoria a programas de normalización social para la población inmigrante y/o gitana que habilita una subvención de 300.000 euros (100.000 más que el pasado año).
No obstante, desde la consejería afirman que se está «tramitando una orden de ampliación del importe de estas ayudas para llegar a todos los solicitantes» y que, al mismo tiempo, se sigue asesorando a las entidades sobre más convocatorias.
DINERO INSUFICIENTE / Este año era la primera vez que la gestión del 0,7 del IRPF corría a cargo de la Junta y no del Estado, de manera que se cambiaron los criterios de reparto, estableciendo la «concurrencia competitiva». Además, se han primado los proyectos con mayor número de voluntarios y se han financiando algunas proyectos al 100%. Más de la mitad del dinero ha ido a parar a cuatro entidades (Plena Inclusión, Cruz Roja, Cáritas y la Asociación contra el Cáncer). Esto ha provocado que solo 33 de las 160 asociaciones (el 20%) y 91 de los 484 programas presentados se queden sin ningún tipo de financiación, lo que ha desembocado en que muchas de las entidades que llevaban años e incluso décadas dando un servicio social básico en la región estén en riego de desaparecer. Algunas, de hecho, ya han tenido que cerrar, dejando a empleados en la calle y a usuarios sin atención.
El propio consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, aseguró que serían necesarios 21 millones extra para poder atender todas las peticiones; y la portavoz del Gobierno regional, Isabel Gil Rosiña dijo que no tenían «varitas mágicas».
De momento, estos 200.000 euros significan un pequeño respiro.
