Qué pasa en los pueblos? Que se da al cuñado, al primo... Que no hay un criterio claro y se abusa. Que a lo mejor un familiar la solicita para otro que está en una residencia de mayores y sí, esa persona tiene movilidad reducida, pero no utiliza ningún vehículo nunca, de manera que no necesita ninguna plaza de aparcamiento, lo que significa que no es el usuario real de esa tarjeta». Con ese ejemplo Jesús Gumiel, presidente de Apamex (Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura), argumenta una de las novedades que trae el nuevo Reglamento regional de Accesibilidad Universal: habrá una tarjeta autonómica única de aparcamiento para personas con movilidad reducida con el objetivo de evitar los fraudes.

¿Qué significa? Que si ahora son los ayuntamientos los que conceden estas acreditaciones, una vez que la normativa entre en vigor (será en breve) solamente tendrá autorización la Junta de Extremadura. De hecho, los municipios deberán actualizar sus propias ordenanzas en esta materia. Los usuarios seguirán acudiendo a sus respectivos ayuntamientos para solicitar la tarjeta, pero este deberá enviar toda la información y documentación a la Administración regional para poder obtener el visto bueno.

válida PARA TODA EUROPA / «Nosotros hemos venido detectado numerosas irregularidades, muchos falsos usuarios, por eso propusimos esta medida a la Junta. Y lo hemos notado sobre todo en los pueblos más pequeños en los que hay pocos habitantes y demasiadas tarjetas expedidas...», asegura Jesús Gumiel. Y subraya: «Es que la que te dan en una localidad menor de Extremadura te sirve para aparcar en toda Europa, y si hay fraude significa que se le está quitando el sitio a una persona que sí lo necesita».

La tarjeta autonómica implicará, por ello, requisitos más exhaustivos. Tal y como recoge el Reglamento de Accesibilidad Universal (ya publicado en el DOE), «será necesario un certificado emitido por el equipo de valoración del Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura (Cadex)». Uno de los requisitos clave es que la persona solicitante no se encuentre, «por razones de salud u otras causas, imposibilitado para efectuar desplazamientos fuera del hogar», según reza el nuevo decreto.

También recoge que las tarjetas se concederán por períodos de cinco años y que se podrá solicitar su renovación a partir de los tres meses previos a su fecha de caducidad. De este modo, «en el primer trimestre de cada año natural se realizará una revisión de aquellas que hayan caducado a lo largo del año anterior, para detectar posibles usos fraudulentos o errores en la renovación. Asimismo, se deberán realizar las anotaciones correspondientes a las retiradas y las sanciones impuestas».

UN AÑO DE PLAZO / Desde su entrada en vigor, habrá un año de plazo para implantar este registro único autonómico que se encargará de gestionar y controlar las acreditaciones.

Insiste Gumiel que esta regulación es una de las claves más importantes del Reglamento de Accesibilidad Universal, «que es de lo más avanzados del país y que va a servir de referente para otras comunidades autónomas».