En los costes de facturación de las clases se encuentra también otras de las presuntas irregularidades que constata la auditoría externa encargada por el gobierno extremeño.

Hay casos de cobro de 427,5 euros/hora; otro a 630 euros/hora, e incluso había profesores que cobraban a 820 euros/hora, según la documentación presentada. El concepto de impartición es el de supuesto mayor fraude, pero hay otros, como por ejemplo que las entidades beneficiadas se autoalquilaban las aulas donde impartían los cursos, según denunció ayer la consejera. En algunos casos, incluso, un profesor estaba facturando acciones distintas en el mismo día a la misma hora.

La cantidad presuntamente defraudada tanto en la Creex como en UGT Extremadura, CCOO Extremadura y Cepes, según se desprende del informe de auditoría, superaría ampliamente los 120.000 euros, por lo que según señaló la consejera de Empleo, se podría estar ante un delito contra la Hacienda.

En el caso de la patronal extremeña, de los 3,1 millones de euros que recibió como subvención en 2011, hay supuestos indicios de fraude en torno a 1,5 millones de euros, es decir, el 50% de la subvención. En el caso de UGT: del 1,8 millones de euros recibidos hay indicios de que hayan defraudado entre 600.000 euros y 650.000 euros. Sería el 30% de la subvención. De igual manera, con CCOO: del 1,8 millones de euros recibidos, también hay indicios de que hayan defraudado entre 600.000 y 650.000 euros. También el 30% de la subvención. A todas ellas se les exigirá que devuelvan ese supuesto fraude.