La huelga que mantienen los funcionarios de Justicia de las siete comunidades sin competencias en la materia, entre ellas Extremadura, en demanda de la equiparación de sus salarios con los de las comunidades transferidas está a punto de cumplir un mes y de su incidencia empiezan a hacerse eco los altos órganos.
Así, desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su portavoz, Enrique López, ha anunciado que propondrá el próximo martes a la comisión permanente que inste al servicio de Inspección a que haga un informe sobre la incidencia de la huelga. Su objetivo, explicó, detectar dónde se tienen que intensificar las medidas de refuerzo para paliar los retrasos que produce la huelga.
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, por su parte, ha aprobado un acuerdo en el que "constata objetivamente" la incidencia que la huelga "está teniendo en el ejercicio de la función jurisdiccional" que compete a este Tribunal; al tiempo que expresan su deseo de que las partes lleguen a una solución satisfactoria del conflicto "en el tiempo más breve posible".
Y también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Julio Márquez de Prado, tras admitir el derecho de los trabajadores a la huelga, ha expresado la "gran preocupación" de los jueces y magistrados de esta comunidad por sus consecuencias, y su deseo de que se llegue pronto a un acuerdo.
Mientras tanto, los apoyos a los funcionarios en huelga se siguen sucediendo, como los expresados ayer por los magistrados de las salas de lo Penal, Civil y Militar del Tribunal Supremo; y continúan las protestas de estos trabajadores en paro. Más de un millar de funcionarios de las siete comunidades en huelga se manifestaron ayer ante la sede del PSOE en Madrid para pedir una vez más una respuesta a sus demandas, la que confían conseguir en la nueva mesa de negociación prevista para hoy entre el Ministerio y sus representantes.
