Los dirigentes de UPA-UCE en Extremadura, José Ignacio Huertas y Maximiano Alcón, han subrayado su inocencia tras quedar esta tarde en libertad provisional, tras el auto dictado por la Audiencia Provincial de Badajoz.

"Con nosotros no ha habido ese derecho a la presunción de inocencia que tienen todos los ciudadanos en democracia", han afirmado Huertas y Alcón a los medios de comunicación minutos después de abandonar la prisión de Badajoz.

Rodeados por familiares, amigos y compañeros de la organización agraria, ambos responsables de UPA-UCE Extremadura no han ocultado su emoción por quedar en libertad sin fianza aunque condicionada por la obligación de personarse cada lunes en el Juzgado de Instrucción número 1 de Mérida que lleva el trámite del proceso.

Tras 104 días en la cárcel pacense, Huertas y Alcón, ambos muy emocionados, han agradecido las muestras de apoyo recibidas durante este tiempo, tanto de su organización agraria como de entidades e instituciones de otros sectores económicos.

"Salimos igual que entramos, inocentes", ha afirmado Huertas, quien ha lanzado un claro mensaje en este sentido: "Se luchará para que se reconozca la verdad, pues somos inocentes y lo único que se ha hecho ha sido luchar durante 30 años por mejorar la vida de los agricultores y los ganaderos de Extremadura".

Huertas y Alcón han quedado en libertad provisional por orden de la Audiencia Provincial de Badajoz, que hoy mismo ha comunicado esta decisión tras atender los recursos presentados por UPA-UCE contra la medida de prisión de ambos y después de que la Fiscalía trasladara un solicitud en este mismo sentido.

Alcón ha reconocido "la dureza" de estar en prisión, sobre todo cuando esta situación "llegó de sopetón", en alusión al 5 de noviembre de 2016, fecha de su ingreso en la cárcel, por lo que ha dado las gracias a su familia, trabajadores y agricultores por las muestras de apoyo recibidas, que le han dado, según ha añadido, "la fuerza suficiente".

En tono crítico se ha mostrado Huertas, quien ha lamentado la "desmesurada" operación realizada en torno a este caso, en el que el juzgado emeritense estudia supuestas irregularidades en las ayudas al asesoramiento agrario.

"No hay un caso de asesoramientos", ha aseverado Huertas, pues desde la organización agraria "se ha trabajado de forma similar" a la de otras que también han realizado asesoramientos e incluso con el mismo programa informático.

Los asesoramientos, ha continuado, "se hicieron todos y se hicieron bien". Además, desde un primer momento se "colaboró" con la Justicia y se aportó cualquier documentación solicitada.

Con la esperanza de que "esta pesadilla se evapore cuanto antes", ambos dirigentes han reiterado su voluntad de seguir colaborando con la Justicia para que, de una vez por todas, se esclarezca esta situación y se demuestre que "no se ha cometido ningún delito".

En declaraciones también a los medios, el secretario general nacional de UPA-UCE, Lorenzo Ramos, ha mostrado su alegría por la libertad de Huertas y Halcón, "de la que nunca se les debía de haber privado".

ESTA MAÑANA

La Audiencia Provincial de Badajoz, sede de Mérida, una vez que ha oído a las partes, ha dictado esta mañana una resolución motivada estimando los recursos de apelación interpuestos por José Ignacio Huertas de la Peña y Maximiliano Alcón Aparicio, ambos dirigentes de la organización agraria UPA-UCE, y ha decretado su puesta en libertad provisional. La obligación que tienen es la de presentarse cada lunes en el Juzgado de Instrucción que lleva el trámite del proceso.

Los motivos primordiales para decretar la libertad provisional es el tiempo transcurrido, ingresaron en la cárcel el pasado 5 de noviembre, y el estado de la instrucción por lo que han desaparecido las causas o motivos por los cuales se decreto tal medida.

La decisión judicial era esperada después de que esta mañana también la Fiscalía de Badajoz hubiera solicitado la puesta en libertad de los dos máximos dirigentes de UPA-UCE. El ministerio público indicó en su escrito que las circunstancias en la instrucción del caso han variado y, en consecuencia, su oposición anterior a su puesta en libertad ya no procede. Según el fiscal, "se han tomado en sesiones continuas y durante los días precedentes multitud de declaraciones testificales de técnicos que han desarrollado sus labores profesionales para UPA-UCE durante el periodo que está siendo objeto de investigación. Sin perjuicio que las declaraciones continúan, quedan por declarar administrativos y agricultores afiliados al sindicato, las declaraciones de estos técnicos han sido lo suficientemente esclarecedoras como para perfilar de una manera más concreta los hechos delictivos investigados".

En consecuencia, se considera que "ya no es relevante la posible influencia de los investigados en las posteriores declaraciones, las cuales y en principio, ya se constituirían dentro del ámbito de la corroboración de los hechos delictivos ya perfilados".