Las huertas de La Isla de Plasencia, de 1984... al 2028

Este año, el 14 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura marcó el principio del fin del conflicto con un auto que obligaba al pago de la deuda principal, 24 millones de euros, y da al Ayuntamiento de Plasencia dos años de impasse hasta comenzar a pagar los intereses, que en principio suman 12 millones de euros. Si en estos dos años, el gobierno de Fernando Pizarro consigue que alguno de los dueños opte por permutar intereses por suelo o aprovechamientos, la deuda que tendrá pagar cada año hasta el 2028 se reducirá. Si no, será de 1,2 millones anuales, que se sumarán al resto de obligaciones de pago de su deuda financiera, personal y servicios que presta.

De una u otra forma, esta deuda repercutirá en los placentinos y muchos no habían nacido cuando surgió el conflicto. El actual alcalde ha recordado que él tenía 9 años cuando se inició.

EL COMIENZO Fue en el año 1984. Siendo alcalde José Luis Mariño, Plasencia aprobaba por primera vez un Plan General Municipal. El documento urbanístico calificó las huertas --35.000 metros cuadrados de suelo inundable-- como terreno de uso dotacional, es decir, para uso educativo, deportivo y de esparcimiento, no urbanizable. Sin embargo, debería haber fijado a su vez una compensación para los propietarios a través de una permuta de terrenos de igual valor en otra zona de la ciudad y no lo hizo.

Cuatro años después, llegó a la alcaldía Cándido Cabrera y su concejal de Urbanismo, Antonio Olivenza estuvo a punto de conseguir un acuerdo de permutas que incluía además la posibilidad de construir en la zona que ahora ocupan las escaleras y rampa de acceso al aparcamiento de La Isla. Eso ocurría en el año 1995.

Llegó después a la alcaldía José Luis Díaz, actual concejal de Extremeños en el ayuntamiento. Díaz recuerda que entonces la negociación estaba "en punto muerto" y dos años más tarde, con José Luis Mariño como concejal de Urbanismo, se decide iniciar el trámite de ocupación directa de los solares. Se hizo "porque ya estaba abierto el expediente de expropiación y, mientras los pleitos seguían su curso, la idea era poder darles uso, por ejemplo como aparcamiento".

Sin embargo, en el año 2001, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declaró nulo el procedimiento de ocupación directa y decretó la obligación de realizar una expropiación forzosa. Por entonces, las huertas estaban tasadas en 7.212.141 euros.

Finalmente no hubo ocupación, ni tampoco negociación con los propietarios.

En el año 2003, el Tribunal Supremo da la razón a los propietarios después de que el ayuntamiento de Díaz recurriera la sentencia que obligaba a la expropiación forzosa.

TASACIONES Llega entonces a la alcaldía Elia Blanco y en el 2004, los propietarios mayoritarios instan al ayuntamiento a iniciar la expropiación. Los dueños tasan ya las huertas en 35 millones de euros y el ayuntamiento encarga su propia valoración a una consultora externa.

Mientras llega, empiezan a correr los intereses de demora, exactamente desde junio del 2004, en que varios de los dueños piden la ejecución de la sentencia del TSJEx que había ratificado el Supremo. Al final, la tasación que recibe el ayuntamiento de la consultora valora los terrenos en 13.745.130 euros, mientras que la de la propiedad alcanza finalmente los 53,114.610 euros.

Los dueños rechazan la tasación municipal y se abre entonces el procedimiento del justiprecio, encargado de fijar el valor de los terrenos. Pero mientras tanto, Blanco y los propietarios de las huertas deciden abrir un proceso de negociación. Comenzó en febrero del 2005. El ayuntamiento ofertó una permuta por suelo contiguo a Ciudad Jardín y los dueños hicieron una contraoferta. Se habló de un acuerdo que incluía la recalificación de parte de las huertas para construir un edificio y en marzo del 2006 la alcaldesa anunciaba un acuerdo que, en diciembre de ese mismo año, se rompía.

Unos y otros se culparon de haberlo roto y finalmente, en abril del 2008, el jurado provincial de expropiación fijaba en 9.058.080 euros el valor de las huertas, una cantidad más próxima a la que manejaba el ayuntamiento.

PRIMER PAGO La alcaldesa, satisfecha, anunció que el ayuntamiento pediría un crédito para pagar a los dueños. "La ventaja que nos da esta resolución es que una vez que paguemos las huertas, podremos ocupar los terrenos", dijo entonces. Lo dijo y lo hizo. La petición del crédito se aprobó en pleno y "todavía hoy lo estamos pagando", en palabras de Fernando Pizarro.

El alcalde actual recuerda que el gobierno de Blanco ocupó las huertas --se habilitaron como aparcamiento-- pero, a su juicio, "cometió el error de no acordar con los propietarios que no recurrieran la tasación".

Porque el ayuntamiento pagó a los dueños, pero estos recurrieron de nuevo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que en junio del 2010 les dio la razón y elevó la valoración de los terrenos a más de 28 millones de euros. Elia Blanco terminó su mandato habiendo recurrido la sentencia del TSJEx ante el Tribunal Supremo.

ULTIMAS SENTENCIAS Y llegó Fernando Pizarro a la alcaldía sabiendo que solo le quedaba esperar las sentencias del Supremo. En abril del año 2013 llegaban las primeras, que daban la razón una vez más a los propietarios y elevaban el valor de los terrenos con respecto a los que había fijado el justiprecio.

Comienza entonces otro nuevo y largo proceso de negociación junto al concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, y con la mediación del TSJEx. El ayuntamiento apunta al nuevo Plan General Municipal como una posibilidad de solución para permutar dinero por suelo y el juez fija, en julio del 2014 un primer calendario de pagos a expensas de la aprobación del plan. Así, el ayuntamiento pagó 1,5 millones en el 2014 y la misma cantidad en el 2015. Para este año, estaba fijada una cantidad de 3 millones de euros.

Se aprobó el PGM, con una ficha exclusiva sobre las huertas que fija de nuevo la posibilidad de urbanizar una parte. Pero surgió la posibilidad de pedir un rescate a Hacienda para pagar sentencias y el ayuntamiento se vio obligado a solicitarlo y el ministerio lo concedió. Se acabó la negociación. Los propietarios no quisieron suelo, sino dinero y el pago de 23,4 millones del principal se ordenó el 2 de febrero.

Ahora, restan los 12 millones de intereses, a pagar del 2018 al 2028, más la devolución anual del préstamo de Hacienda, a partir del 2017. El conflicto de las huertas no ha terminado y lo que falta por ver es cómo conseguirá el ayuntamiento el dinero que necesita y cómo repercutirá en los placentinos, sin duda los grandes perjudicados.