El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, exigió ayer al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, que investigue y aclare oficialmente todo lo relacionado con la noticia publicada por el diario El Mundo en la que se le acusa de haber cedido un despacho para que el exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Vera investigase todo lo relacionado con el 11-M.

El presidente extremeño, que se reunió con Conde Pumpido durante cerca de una hora, registró un escrito ante la Fiscalía en el que reclama protección judicial y que se abra una investigación sobre este tema. "Todos los despachos y teléfonos de la Junta están abiertos para que el fiscal investigue", añadió Ibarra. Pero no solo quiere que se investigue, sino que su objetivo es que el fiscal emita un informe que certifique si lo que dice esa información "es cierto o es falso".

CONSECUENCIAS En este sentido, aclaró que está "totalmente limpio" con respecto a las acusaciones vertidas en El Mundo , aunque si se demostrase que son ciertas "tendría que dimitir". Si por el contrario el fiscal confirma que la información es falsa demandará al director de El Mundo , Pedro J. Ramírez, al periodista de la cadena Cope Federico Jiménez Losantos y a la página web www.youtube.com , que alberga un vídeo en el que se dice que no repite como candidato "por ser sabedor de que el PSOE estaba detrás del 11-M".

"He venido para que la Justicia me defienda y para dejar constancia ante el fiscal general del Estado de que la prueba negativa es imposible. Es decir, yo no puedo probar que no dejé un despacho y un teléfono, pero lo contrario no es posible", explicó. El problema, según él, es que "la justicia española tiene por norma no dar crédito judicial a las ofensas a los políticos".

Por último, aclaró que en las horas y días posteriores al atentado del 11-M fue "absolutamente leal" con el Gobierno de Aznar, al que según su versión habría llamado en varias ocasiones sin éxito para comunicarle que tenía informaciones que desvinculaban a ETA de la tragedia. Finalmente logró hablar con el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, al que le transmitió la información que tenía.

Mientras, el propio Rafael Vera ha dejado claro que el 11-M y los días siguientes estuvo en el hospital con motivo del nacimiento de un nuevo nieto suyo. El exsecretario de Estado señaló que su única intervención en este asunto fue haber recibido una llamada telefónica de Rodríguez Ibarra preguntándole su opinión sobre la autoría de la masacre.

ACLARACIONES Pese a todo el PP extremeño insistió ayer en que "todavía no se ha aclarado" si Rafael Vera dispuso de alguna infraestructura en Extremadura aunque no fuese del Ejecutivo. Los populares aseguran que su intención es que no quede ninguna duda sobre la imagen de Extremadura y de sus dirigentes.

Por otra parte, Rodríguez Ibarra recibió ayer el respaldo de su partido, con declaraciones de las Ejecutivas provinciales de Badajoz y Cáceres y la presentación de un escrito en la Fiscalía por parte del PSOE en la Asamblea.

También se pronunció sobre este asunto el Consejo de Gobierno de la Junta. El vicepresidente, Ignacio Sánchez Amor, negó que los medios de la Administración hayan estado al servicio "de algún interés espurio, oculto o partidista". Sánchez Amor hizo un llamamiento a "una parte de la sociedad que no esté dispuesta a que la convivencia o la vida pública del país siga por estos derroteros".

Por su parte, el consejero de Sanidad y Consumo y candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara, defendió el "patrimonio personal y político" de Ibarra y lamentó la actitud del presidente del PP, Carlos Floriano, quien en su opinión ha demostrado "su talla política".