El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, anuncia que devolverá a las compañías eléctricas el dinero cobrado durante 8 años por la Ley de Medidas Fiscales sobre la Producción y Transporte de Energía que incidan sobre el Medio Ambiente, más conocida como impuesto ecológico , aprobada en mayo de 1997, y que el Tribunal Constitucional derogó el mes pasado. No obstante, advierte que la devolución será más fácil si se llega a un acuerdo con las eléctricas porque "para devolverlo hay que tener dinero y, si no lo tuviéramos, intentaremos sacarlo de donde lo hay, que es en las eléctricas". Por ello, el presidente no descarta, como posibilidad para saldar esta deuda que se estima en 157 millones de euros, la modificación del "tipo de la ley actual, que es constitucional, para recoger dinero y poder devolver a los que nos piden dinero. Así es la vida".

Por otro lado, al presidente de la Junta le preocupa el fallo del Tribunal Constitucional porque la decisión se tomó "por cinco votos a favor de anular el impuesto, cuatro en contra y uno a favor de la anulación, pero por razones distintas. Lo cual me sorprende, pero como yo no soy jurista, me sorprendo fácilmente con esos asuntos". Según relata, los votos a favor de anular el impuesto consideraban que cargaba sobre el IBI (Impuestos sobre Bienes Inmuebles), mientras que el voto particular apuntaba al IAE (Impuesto de Actividades Económicas). Por ello, lamenta que "una sentencia de ese calibre, se falle de esa forma. Me parece preocupante, pero aquí estamos para aceptar y acatar todas las sentencias que se produzcan en los tribunales, sean del nivel que sean". Aunque, apostilla que "algún día, antes de irme, espero ganar algún recurso en los tribunales".

CRITICAS DEL PP Por su parte, el portavoz del Partido Popular, José Antonio Monago, acusa a la Junta de ser una "chapucera total", y destaca que si hiciera bien las cosas desde un principio, "no tendría que estar todo el día buscando subterfugios para aplicar sus normas, siempre bordeando la ley hasta el límite y que luego provoca sentencias como la de las eléctricas", informa Europa Press. Monago considera que la manera de actuar del Gobierno socialista genera una "gran inseguridad", puesto que se crean normas que no se cumplen, se sacan concursos que luego se tienen que repetir, como el de la asignación de frecuencias de radio, o se ponen normas que son inconstitucionales y que luego se tienen que cambiar para asumir el coste que ha generado y que en este caso de las eléctricas puede rondar los 156 millones.

Por todo ello, desde el PP se exige seriedad a la Junta "porque con sus actuaciones está generando incertidumbre en los extremeños y está desgastando el nombre de la institución, puesto que no se puede tener a una administración que siempre haga las cosas de forma chapucera".

"Sólo tenemos que recordar lo que ha ocurrido con la Ley de Crédito Extraordinario para ver cómo se hacen las cosas, con el sistema del tira ´pa´lante´ y luego hay que andar rectificando", expresa José Antonio Monago.