El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ya ha solicitado un informe al Consejo Consultivo sobre la constitucionalidad del artículo 51 del nuevo Estatuto de Andalucía, referente a la gestión de las aguas de la cuenca del Guadalquivir, que ayer entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Además ha pedido a este órgano que se pronuncie sobre la constitucionalidad de cualquier otro precepto del texto que, por conexión, se considere objeto de impugnación, según informó ayer la consejera de Presidencia, Casilda Gutiérrez, al término de la reunión del Consejo de Gobierno.
Gutiérrez indicó que "no existe fecha marcada" para este informe, aunque "se supone que se hará con la mayor brevedad". Una vez que esté listo, reiteró, será que el Consejo de Gobierno el que acuerde, en su caso, la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).
El artículo 51 del nuevo Estatuto señala que Andalucía tiene competencias "exclusivas" sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir "que transcurren por su territorio y no afectan a otra comunidad autónoma, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección de medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés general y de lo previsto en la Constitución".
Rodríguez Ibarra anunció en Sevilla hace un mes que "sin duda" recurriría ante el Constitucional el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía, "en el momento en que se publique", por considerar que la regulación que se hace de la cuenca del Guadalquivir "afecta a competencias exclusivas del Estado".
