Ibercaja cerró finalmente en la última jornada del periodo de consultas un acuerdo para la aplicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la entidad en marzo pasado. El pacto dado a conocer ayer se firmó con los sindicatos CCOO, ACI y Csica --el 64% de la representación sindical--, y afectará a un máximo de 590 trabajadores (hasta 500 por salidas voluntarias y otros 90 de afectados por la movilidad geográfica y que renuncien a su puesto). El plazo para solicitar la adscripción voluntaria acabará este 23 de junio.

Además, el acuerdo prevé el cierre de 140 oficinas, de las que veinte pertenecen a la territorial extremeña. En cuanto a la reducción de plantilla en la región, fuentes sindicales indicaron que podría ser de en torno a 110 o 115 empleados, si bien precisaron que el número final dependerá de las voluntariedades que se registren en el conjunto del grupo.

Ni UGT, ni CGT ni Asipa suscribieron el acuerdo. Desde el primero de estos sindicatos se volvió a incidir una vez más en el carácter injustificado que tiene a su juicio este ERE. También se arguyó que conlleva un indeterminado número de despidos forzosos por edad ya que será el criterio que se aplique en caso de no cubrirse las bajas voluntarias. Javier Florido, secretario general en Extremadura de UGT en Ibercaja, mostró su «indignación por cómo se ha desarrollado el proceso» y por la falta de «transparencia y buena fe negocial por parte de la empresa».

Igualmente, evidenció su «tristeza por haber perdido la oportunidad de rechazar el ERE todas las secciones sindicales» y por el hecho de que en el acuerdo no se haya «atado la voluntariedad real». También criticó que incida tanto «en los compañeros de más edad» en detrimento «de los que nos quedamos y de algún joven que pueda verse afectado y que recibirá indemnizaciones menores que en el 2015».

Por contra, Camilo Trejo, de Csica, apuntó que «partiendo de la base de que cualquier ERE es malo», este acuerdo había logrado reducir el impacto con el que inicialmente se había planteado, y que hubiese supuesto la clausura de 32 oficinas y el despido de 145 trabajadores en la región. Igualmente, adujo que se había conseguido limitar la movilidad geográfica que en un principio quería la entidad.

Desde Ibercaja se hizo hincapié ayer en que «el principio de voluntariedad es el criterio prioritario que se aplicará» en el ERE. Igualmente, se remarcó la capacidad de diálogo y negociación existente por ambas partes».