Sindicatos y representantes de Ibercaja mantuvieron ayer una nueva reunión en Zaragoza para abordar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por esta entidad. «Hemos vuelto a pedir la retirada del ERE, porque creemos que no se justifica con las causas que nos han dado», resaltó a su finalización Javier Florido, secretario general en Extremadura de UGT en Ibercaja, para quien la información que se incluye en la memoria justificativa «está sesgada».

En el encuentro, el banco mantuvo su oferta de reducir hasta en un 20% los 686 despidos propuestos inicialmente e intentar cubrirlos mediante adscripciones voluntarias, si bien este porcentaje se aplicaría de forma independiente en cada una de sus direcciones territoriales. De esta forma, la extremeña, que es donde la proporción de despidos previstos es más elevada, no podría beneficiarse de un eventual exceso de bajas voluntarias en otras regiones donde el ajuste planteado es mucho menor.

Eso dejaría los puestos amortizados en la red de oficinas extremeña en 116. «Si aquí se pueden prejubilar veinte trabajadores, que son los que tienen 58 o 59 años, vemos imposible que haya otras cien personas que decidan irse de forma voluntaria», afirmó Florido. Incluso, agregó, este recorte podría ser superior, ya que no tiene en cuenta los posibles despidos que se produjeran por no aceptar una movilidad, ante «los huecos» que se originaran en regiones como Cataluña o Aragón. Estos, adujo, podrían intentar cubrirse con los empleados de la treintena de oficinas que se tiene intención de cerrar en la red extremeña.

«Nos han dicho que ellos están abiertos a estudiar cualquier propuesta que les presentemos siempre y cuando la plantilla sea partícipe del gasto que suponga. Si, por ejemplo, baja la edad de prejubilación, los empleados que se queden, encima, tendrían que pagarlo», criticó este responsable de UGT en Ibercaja, quien adelantó que este sindicato quiere convocar una asamblea de trabajadores de Ibercaja en la región la próxima semana.