La compañía eléctrica Iberdrola ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo después de que la Audiencia Nacional haya dado la razón a la Dirección General del Catastro y a la Federación de Municipios afectados por Centrales y Embalses por la actualización del valor catastral de los bienes sometidos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES). Esta revisión, realizada durante el 2007 y el 2008, ha permitido a los ayuntamientos casi duplicar sus ingresos por este concepto. Según los datos del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria, el dinero recaudado en la provincia de Cáceres por el cobro de los BICES ha pasado de 3,7 millones de euros en el 2007 a 6,3 millones en el 2009. Y algo similar ha ocurrido en Badajoz, donde los 45 municipios integrados en esta federación perciben ya 4,5 millones de euros.
Según expuso ayer en Cáceres Miguel Angel Morales, presidente de la asociación de municipios afectados en la provincia de Cáceres y secretario general de la federación nacional, el temor de los ayuntamientos es que el Supremo pueda dar la razón a las eléctricas y los municipios se vean obligados a devolver una gran parte del dinero ingresado por el cobro del BICES tras la revisión catastral. "Sería la muerte para muchos ayuntamientos mientras estas empresas, aún en época de crisis, siguen aumentando beneficios y la factura de la luz", aseguró.
