El notario murciano Ignacio Ferrer Cazorla ha sido elegido en las elecciones celebradas ayer domingo, 17 de diciembre, el nuevo decano del Colegio Notarial de Extremadura para los próximos tres años.
De esta manera, la Junta del Colegio Notarial queda integrada por Ignacio Ferrer Cazorla, notario de Cáceres (decano); Francisco de Asís Jiménez Velasco, notario de Plasencia (censor); Francisco Javier Hernández Téllez, notario de Mérida (tesorero) y Sara del Soto Cardenal, notario de Montijo (secretario), según informa el órgano colegial.
Entre sus objetivos figura incrementar las relaciones con la Junta de Extremadura, el Tribunal Superior de Justicia, la Universidad de Extremadura, los colegios profesionales, las organizaciones de consumidores y "otros agentes de la de la vida jurídica, económica y social" de la región.
Ignacio Ferrer Cazorla tiene 58 años y es natural de Murcia, ciudad en la que preparó las oposiciones, por lo que es notario desde noviembre de 1986, aunque el notario ha desarrollado toda su carrera profesional en notarías extremeñas ya que comenzó su andadura en Alburquerque, pasando luego a San Vicente y de ahí a la ciudad de Cáceres, donde ejerce actualmente.
Asimismo, Ferrer ha desempeñado diversos cargos en el Colegio Notarial de Extremadura, el Consejo General del Notariado y en otras instituciones autonómicas y nacionales, además de que ha sido durante quince años profesor de la escuela de práctica jurídica de la UEx y es autor de "numerosos trabajos" sobre cuestiones jurídicas, en especial sobre el Fuero de Baylío.
En Extremadura, ha proseguido el comunicado, ejercen en la actualidad 75 notarios, de los que 46 desarrollan su trabajo en la provincia de Badajoz y 29 en la de Cáceres.
Las funciones del notario
Por otro lado, el Colegio Notarial de Extremadura ha recordado que el notario es un funcionario público que "controla la legalidad", por lo que es "un pilar básico del sistema de seguridad jurídica preventiva".
Además, el notario tiene el deber de "asesorar imparcialmente, interpretar, configurar y autentificar con arreglo a la ley la voluntad de las partes", lo cual recoge en la escritura pública, función por la que el Estado atribuye a la escritura "importantes efectos" pues "tiene valor probatorio, ejecutivo y legitimador".
Los notarios en España, más de 2.800, están repartidos geográficamente por todo el territorio español, "incluso en localidades muy pequeñas", con el fin de garantizar este servicio público y están organizados por Colegios, uno por Comunidad Autónoma, que les apoyan en su función y al tiempo controlan su actuación.
Así, los decanos de estos 17 colegios integran el Consejo General del Notariado, que representa al colectivo a nivel nacional, mientras que los notarios dependen jerárquicamente de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) del Ministerio de Justicia.
Finalmente, los ciudadanos, quienes pueden elegir el notario que prefieran, acuden al notario en "momentos muy importantes de su vida" como la compra o venta de un inmueble, al contratar un préstamo hipotecario o personal, al constituir una sociedad o para hacer testamento, heredar, casarse o divorciarse, entre otros.
