El plazo para que las entidades financieras sujetas al impuesto hicieran sus cuentas finalizó el pasado 31 de julio. El sistema de recaudación del tributo es por declaración-autoliquidación, es decir, cada entidad calcula --en función de sus depósitos del 2002-- cuánto le toca pagar. De esta cantidad, deduce todas las inversiones que la Junta ha señalado como de utilidad pública o interés social. La cantidad resultante es la que tiene que ingresar. El porcentaje de retención aplicable a cada entidad va en función de los depósitos que tenga y oscila entre un 0,3% y un 0,5% de los ahorros captados.
Los efectos del impuesto en las entidades son distintos en función del tamaño y la naturaleza de éstas. En el caso de las cajas extremeñas, es de suponer que la cantidad a pagar habrá sido muy escasa, habida cuenta de que se consideran deducibles las inversiones en obra social y cultural. Sin embargo, los bancos habrán tenido que pagar más presumiblemente. La Junta tenía previsto ingresar unos 36 millones de euros (6.000 millones de pesetas). En el primer ejercicio han sido 42,4 millones, pues el gobierno regional considera que el impuesto se puede pagar en especie (mediante inversiones productivas) o a tocateja.
