Imputado y candidato

"No irán (como candidatos del PSOE a las elecciones de mayo) ni imputados ni condenados". La idea la reiteró ayer el ministro de Fomento y exsecretario de organización de los socialistas, José Blanco, y la suscribió unas horas después en Mérida el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. El partido quiere una imagen limpia de cara a los comicios y sacudirse algunos polvos y lodos que pueden manchar sus aspiraciones electorales.

Sin embargo, la aplicación de la medida no será tan drástica. Por ejemplo, Elia María Blanco, sí aspirará a la reelección en la alcaldía de Plasencia pese a estar imputada por un presunto delito de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y malversación de caudales públicos en la adjudicación de obras municipales. Y, aunque Vara no los citó directamente, también lo harán Angel Vadillo y Teresa Roca, regidores socialistas de Alburquerque y Moraleja, ambos con investigaciones judiciales abiertas, como recordó ayer el PP.

Y es que los socialistas han incluido un importante matiz en su compromiso electoral: "no estarán en las listas los imputados por corrupción que se les acuse de enriquecerse personalmente con fondos públicos". Esa es la clave, el ánimo de lucro personal, y en eso incide el PSOE tras la convención municipal que el partido ha celebrado el pasado fin de semana en Sevilla. En eso se apoyó ayer Vara para defender la inclusión de la alcaldesa placentina, y de otros concejales también investigados, en la candidatura que su formación presentará en esta ciudad. "Nadie ha podido decir ni nadie va a poder decir que haya habido por parte de ninguno de los responsables públicos ningún tipo de enriquecimiento como consecuencia de determinadas decisiones administrativas", señaló el presidente de la Junta y secretario general de los socialistas extremeños, en referencia a la investigación que mantiene abierta el juzgado de Instrucción número 4 de Plasencia para esclarecer si el actual equipo de Gobierno fraccionó los pagos de distintas obras para evitar sacarlas a concurso y poder así adjudicarlas al constructor José Antonio Romero.

"No existe ningún caso en Extremadura" que pueda verse afectado por esta resolución, insistió, por su parte, Ascensión Murillo, portavoz de los socialistas en la región, ante los ataques del PP. "Las listas del PSOE están llenas de imputados", había dicho Cristina Teniente, vicepresidenta de los populares, que citó casos "como Plasencia, Moraleja y Alburquerque", antes de ser secundada por su presidente, José Antonio Monago.

Alburquerque y Moraleja

Ambos se refirieron a que sobre el alcalde socialista de Alburquerque, Angel Vadillo, pesa una imputación por los presuntos delitos de amenazas y obstrucción a la justicia, tras ser denunciado por permitir a la presidenta local del PSOE la construcción de una vivienda de manera supuestamente ilegal. Y en el caso de la actual regidora de Moraleja, se le acusa de un delito de prevaricación, tráfico de influencias y fraude por su posible relación con una empresa (Mantenimientos Integrales S. L.) que facturó en torno a 100.000 euros durante el tiempo que Teresa Roca fue alcaldesa hasta el 2007; dándose la coincidencia de que la empresa tenía el mismo domicilio social que la edil. "Mientras que el PP no tiene ni un candidato en Extremadura imputado por ningún tipo de delito", ensalzó Monago.

"El ciudadano sabe a qué nos referimos cuando hablamos de haber metido o no la mano. El que haya metido la mano no puede estar una lista del PSOE", recalcó Vara, que apuntó que aplicar el criterio de forma general y automática "sería poner en manos de los jueces y de los fiscales las listas electorales. Sería una extralimitación que limitaría más los derechos constitucionales".