El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer la nueva convocatoria de ayudas a los incentivos agroindustriales, que cuentan con un presupuesto de 22,5 millones para el 2017. «Un éxito» en su convocatoria anterior, van destinadas a la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas. La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, destacó la importancia del sector agroindustrial en Extremadura y la necesidad de desarrollar políticas en su favor, pues en la actualidad cuenta con 1.200 empresas que dan trabajo a 12.420 extremeños. La inversión mínima a realizar para acogerse al programa se cifra en 25.000 euros.

También en el ámbito de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, se dio luz verde al decreto que regula la aplicación en la región de la nueva normativa comunitaria y estatal sobre el sector vitivinícola y la ordenación del viñedo, asegurando un crecimiento ordenado de las plantaciones que se efectúen en territorio nacional. Las disposiciones contenidas en este decreto establecen un nuevo régimen de autorizaciones, distinto al anterior sistema de derechos que queda derogado, que será de aplicación únicamente al viñedo destinado a la producción de uva de vinificación. Las principales novedades con respecto al sistema de derechos se concretan en la necesidad de obtener una autorización, no transferible, para poder realizar una plantación de vid que contará con una validez máxima de tres años. La autorización podrá obtenerse por arranque de un viñedo, por la conversión de un derecho vigente a 31 de diciembre de 2015 o a través del cupo anual que será como máximo del 1% de la superficie plantada.

En otro orden de cosas, el Ejecutivo también aprobó ayer el decreto que regula las subvenciones a los ayuntamientos para financiar los gastos de los centros autorizados a impartir el primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años). Su objetivo es mejorar la cofinanciación de estos centros, ubicados en un total de 169 municipios con 3.289 plazas. A partir de ahora, los consistorios recibirán fondos por el año completo y no hasta noviembre como ocurría hasta ahora, y se primará a los municipios más pequeños, «donde es más difícil mantener el servicio», según Gil Rosiña.