795 participantes y 1.694 horas no trabajadas. Ese fue el balance de las 13 huelgas desarrolladas en Extremadura en el 2017. Doce de ellas afectaron a centros de trabajo en la provincia de Badajoz y ocho a centros ubicados en la de Cáceres. La cifras suponen un repunte respecto a las que se habían contabilizado en el 2016, cuando los paros fueron diez, los participantes 303 y las horas no trabajadas 920, pero lo cierto es que la conflictividad laboral en la región se mueve en niveles mínimos en relación a los que se registran en otras comunidades y a la media del país. Si se ponen en relación el número de jornadas no trabajadas o el de trabajadores participantes con el de ocupados, Extremadura se sitúa como la tercera región española con una menor incidencia de huelgas en el 2017. En la primera ratio, solo Baleares y La Rioja quedan por debajo; en la segunda, Baleares y Canarias. La región queda en ambos casos muy lejos de las cifras nacionales, que ya de por sí se mueven en mínimos históricamente bajos.

«Aquí las huelgas brillan por su ausencia porque apenas hay empresas grandes de industria donde se pueda pelear un convenio, una subida de salarios o cualquier problema que haya», sostiene Alberto Franco, secretario de Elecciones Sindicales, Salud Laboral y Negociación Colectiva de CCOO de Extremadura. Por el contrario, agrega, en el sector servicios extremeño «hay mucha temporalidad. No es lo mismo convocar una huelga en la Diter, por ejemplo, donde hay una plantilla estable de casi 500 personas, la mayoría con mucha antigüedad que saben lo que es una huelga y al toque de silbato está todo el mundo en la puerta, que en la hostelería o en cualquier calle comercial de la región, donde es difícil movilizar a personas con contratos muy precarios, de dos o tres horas al día pero que trabajan ocho o diez. El miedo existe, y los empresarios lo saben», resalta este miembro de la Ejecutiva de CCOO regional. «Hay otras armas, otras formas de presión con las que no ponemos a los trabajadores a los pies de los caballos», concluye.

Las estadísticas del Ministerio de Empleo apuntan en este mismo sentido: 730 de los participantes en huelgas el año pasado en Extremadura eran trabajadores de la industria y únicamente 35 del sector servicios. Una distribución todavía más descompensada es la que resulta si el reparto se realiza entre los empleados con convenio de empresa o de grupo de empresas (783), y los que están acogidos a un convenio de sector, apenas una docena.

EVOLUCIÓN DESDE 2008 / El máximo de la serie estadística de la última década se contabilizó para la región en el 2008, con 20 huelgas, 651 participantes, y 17.293 horas no trabajadas. Posteriormente, las medidas de regulación de empleo aplicadas en algunas de las principales empresas extremeñas elevaron puntualmente la conflictividad laboral.

En este sentido, en el conjunto del país —aquí no se muestran datos desagregados por comunidades—, las protestas motivadas por causas no derivadas del proceso de negociación colectiva (un ERE, por ejemplo) siguen suponiendo más de la mitad de las horas no trabajadas y de los empleados participantes dentro de los paros con motivaciones estrictamente laborales. Sin embargo, en el 2017 se produjo un importante aumento de la incidencia de huelgas por causas que sí están vinculadas a la negociación colectiva (para conseguir una mejora de los sueldos o de las condiciones laborales, entre otras). Pasaron de suponer un 23,7% de las jornadas no trabajadas en el 2016 dentro de este tipo de conflictos a un 43,7%.

UGT y CCOO convocaron el pasado martes concentraciones a las puertas de las sedes de la patronal en toda España. Los secretarios generales de ambos sindicatos, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, avisaron a la patronal de que el objetivo de los sindicatos es lograr un pacto salarial que suponga un reparto de la riqueza y que «no aceptarán cualquier acuerdo ni un portazo. No habrá un desacuerdo pacífico».

También hubo una concentración frente a la sede de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), en Badajoz, para reivindicar convenios dignos. Allí se recordó que más de 80.000 trabajadores extremeños están pendientes de la negociación de su convenio, para los que pidieron unas condiciones que reflejen salarios y derechos laborales acordes a la situación actual del país.

De los 180 convenios autonómicos de empresa existentes en Extremadura, 96 deben negociarse este año, y de los 36 sectoriales, debe hacerse lo propio con un total de 22. «Ya hemos dicho que estamos en modo ‘movilización’. A partir de ahora si los empresarios persiste en su negación a firmar convenios colectivos con salarios medianamente dignos, si ellos no dan su brazo a torcer, posiblemente tengamos un otoño ‘calentito’», remacha Alberto Franco.