Además de las cuestiones más conocidas y reconocidas como argumento principal del encuentro en La Moncloa, es previsible que en la conversación entre los presidentes surjan otros asuntos enquistados durante el mandato de Aznar, y que han generado gran malestar y polémica en Extremadura en los últimos tiempos.

Entre estos temas de la agenda B figurarían las continuas pugnas entre los Ejecutivos regional y central a cuenta de las competencias de cada cuál. Para dar idea de las dimensiones del enfrentamiento, baste recordar que en este momento hay vivos 14 litigios en el Tribunal Constitucional, pese a que la firma del nuevo modelo de financiación motivó la retirada de un puñado de ellos, los que afectaban tanto al anterior modelo como a los presupuestos estatales de los ejercicios a los que afectó.

Así, el tribunal que vela por el cumplimiento de la Carta Magna tiene entre sus manos nueve causas promovidas por el Gobierno anterior, y que se refieren al impuesto sobre las redes eléctricas, el gravamen a los solares, el que afecta a las entidades de crédito, la propia Ley Fiscal extremeña, la normativa sobre suelo, la Ley de Comercio, la Ley de Calidad del Suministro Eléctrico, la de autopromoción de viviendas y la de colegios profesionales.

De hecho, el Constitucional sólo ha resuelto en los últimos ocho años cuatro contenciosos impulsados por el Ejecutivo español contra normas regionales, de los que dos venían de la época de Felipe González --Ley de la Función Pública y Ley de Pesca-- y dos del mandato de Aznar --competencias de la Junta Económico-Administrativa y Ley de Atención Farmacéutica--.

Por su parte, la Junta cuestionó las competencias del anterior Gobierno para legislar sobre cuestiones relacionadas con las explotaciones porcinas, la transferencia de derechos de viñedos a otras Comunidades Autónomas, la liberalización del sector ferroviario, la reforma del mercado laboral que buscaba eliminar el PER y los aspectos de la Logse modificados por la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (Loce).

Es de esperar que muchos de estos conflictos decaigan ahora, bien por desestimiento o bien, como en el caso de la ley ferroviaria o la Loce, por la paralización de la aplicación de esas normativas.

Agroindustria

Otro asunto pendiente es el que atañe a las subvenciones a las empresas. Por una parte, estaría el bloqueo del hoy presidente del FMI, Rodrigo Rato, a las ayudas a la agroindustria extremeña, que el pasado año supuso la paralización de 30 de los 39 proyectos presentados.

Por otra, el Gobierno Aznar decidió unilateralmente excluir de las ayudas a los proyectos con un volumen de inversión de entre 60.000 euros (límite hasta el que llega la aportación de la Junta) y 600.000 euros, que son los más numerosos en la región.