El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó ayer a España a indemnizar con 23.000 euros al preso de ETA Mikel San Argimiro Isasa, por no investigar los supuestos malos tratos que habría sufrido durante su detención en Madrid el 14 de mayo del 2002 cuando iba a colocar una "bomba lapa" en los bajos de un vehículo policial. Ingresó dos semanas después en la cárcel de Badajoz, donde fue examinado por un médico que le detectó una costilla rota. San Argimiro, que hace casi un año fue trasladado a otra prisión desde el centro pacense, presentó entonces una demanda ante un juzgado de San Sebastián en la que denunció "malos tratos durante su arresto y detención en Madrid, como golpes en la cabeza y sesiones de asfixia con una bolsa de plástico alrededor de la cabeza". La sentencia concluye que España violó el artículo 3 (Prohibición de la tortura) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, desde el punto de vista procedimental, por "la ausencia de una investigación efectiva". En cambio, dice que no hubo violación de ese mismo artículo, desde el punto de vista sustancial (los malos tratos en sí), ya que "los elementos de que dispone no le permiten establecer más allá de toda duda razonable" las torturas que alega.

El día de su detención fue examinado por un médico forense que apreció contusiones y hematomas en diferentes partes del cuerpo, "compatibles con el desarrollo del arresto". Al día siguiente, el informe médico constató nuevas lesiones menores "sin dar explicaciones sobre su posible origen". Cuatro días después, San Argimiro fue conducido a la Audiencia Nacional, donde declaró haber sufrido malos tratos al ser detenido.

Entre las pesquisas figura un informe del subdirector médico de la cárcel de Badajoz, en el que señala que el dossier del demandante "no contenía el informe obligatorio del examen médico efectuado al demandante tras su primera entrada en prisión".