El Ministerio de Industria ha impuesto una sanción de 900.000 euros a la central nuclear de Almaraz por incumplir los plazos para dejar de ser una comunidad de bienes y constituirse como sociedad mercantil, tal y como establece la Ley de Responsabilidad Civil por daños Nucleares. Así lo aseguró ayer el presidente de la Junta, José Antonio Monago, en respuesta a una pregunta del diputado de IU Pedro Escobar en el pleno de la Asamblea. En su intervención, Monago aseguró que dentro de sus competencias, el Ejecutivo "seguirá requiriendo" al Ministerio para que la central se constituya conforme al marco legal establecido y apuntó que Industria ya ha informado a la Junta de la apertura de un proceso sancionador "por falta muy grave". De momento, la multa asciende a 900.000 euros, pero la cantidad se iría incrementando con el tiempo si las tres propietarias de la nuclear (Iberdrola, Endesa y Gas Natural), siguen incumpliendo.
La cuestión viene de lejos y no es la primera vez que se trata en el Parlamento autonómico. Hace poco más de un mes, el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, ya explicó que el Ministerio mantenía abierto un proceso sancionador a las empresas que explotan la central, que reclamaron alegando que desde un primer momento habían presentado el plan de adaptación que exige la ley. Este fue rechazado por Industria, según Echávarri, porque cada una de ellas ha elaborado el suyo de forma individual y deben hacerlo de forma conjunta, lo que implica que para la reconversión, Iberdrola (posee el 53%), Endesa (tiene el 36%) y Gas Natural Fenosa (el 11%) deben llegar a un acuerdo.
Al respecto, el director de la central nuclear, José María Bernaldo de Quirós, reconoció en su última comparecencia pública el pasado marzo que proceso era "muy complicado" porque no solo afecta al explotador responsable, sino también a los accionistas de las empresas ya que podría requerir incluso un cambio de activos: al convertirse en sociedad mercantil, una de las tres empresas pasaría a ser la única titular, mientras que las dos restantes quedarían como accionistas. En cualquier caso, Bernaldo de Quirós aseguró que el proceso --fuera de plazo desde mayo del 2012-- "está bastante avanzado" y que podría concluir a lo largo de este año.
SIN COMPETENCIAS En el pleno de ayer Monago apuntó que la Junta "tiene criterio" pero no la competencia directa de actuación en este caso, por lo que aseguró que seguirá requiriendo al Ministerio de Industria para que obligue a la central nuclear a cumplir la ley, como afirma que ya ha hecho en varias ocasiones. Escobar sin embargo, ha considerado un fracaso del Ejecutivo regional que el cambio a sociedad mercantil no se haya producido aún.
"El triunvirato (en referencia a Iberdrola, Endesa y Gas Natural) se está burlando de esta Cámara y de todos los extremeños, porque están evadiendo impuestos", apuntó el líder de IU, que espera que finalmente no se les perdonen las sanciones. Escobar recordó que Almaraz paga 496 millones del Impuesto de sociedades, 567 millones de IVA y 80 millones por el Impuesto de Actividades Económicas "de los que los extremeños no han visto ni un maldito euro". Al respecto Monago apuntó que no tiene constancia de la evasión de impuestos de la que habla Escobar y apuntó que aunque es lo que desearía, en ningún caso estos tributos se quedarían en a la región porque son de naturaleza estatal. Además, recordó que estas empresas "dan muchos puestos de trabajo con sueldos acordes a las exigencias de cualquier familia" y que contribuyen al índice de producción industrial de la región.
También en materia energética, en el pleno de ayer salió adelante, con el apoyo de toda la oposición y la abstención del PP, una iniciativa del Prex-Crex para solicitar a la Junta que ponga en marcha, junto al Ministerio de Industria, un 'ticket energético' que rebaje el coste de la factura de luz y asegure el suministro a las familias con ingresos inferiores a los 532 euros mensuales. El portavoz de los regionalistas, Damián Beneyto, explicó que esta iniciativa ya ha sido aprobada en otras regiones como Galicia, gobernadas por el PP, y lamentó la abstención de este grupo en Extremadura amparándose en que el Ejecutivo ya está llevando a cabo medidas de protección social como la renta básica.
