Las cuatro compañías que compran tabaco crudo en España --el 84% se cultiva en Extremadura-- urdieron desde 1996 un "cártel" que ganó con el paso del tiempo "una mayor sofisticación" y cuya finalidad era repartirse el mercado y "evitar la escalada de precios" de la materia prima, según la Comisión Europea. La Dirección General de Competencia asegura que estas prácticas se repitieron "todos" los años de forma "cíclica" por parte de Cetarsa, World Wide Tobacco España (WWTE), Taes y Agroexpansión hasta el el 3 de octubre del 2001, según consta en el pliego de cargos que Bruselas ha remitido a 20 empresas, agrupaciones de productores y sindicatos agrarios en el marco de la investigación que inició hace dos años.

"Desde 1996 los transformadores participaron continuamente en este proyecto común que tenía por objetivo eliminar o limitar la competencia en el sector del tabaco crudo en España", asevera la Comisión en uno de los 127 folios de que consta el pliego de cargos, fechado el pasado 11 de diciembre y firmado por Mario Monti, comisario europeo de Competencia. Las cuatro compañías compran casi todo su tabaco en Extremadura. Todas las empresas han reconocido ante la Comisión Europea que había acuerdo.

EL AGRICULTOR, PERJUDICADO La Comisión Europea sostiene en el pliego de cargos que las prácticas de las transformadoras provocaron un perjuicio económico para los agricultores, especialmente a partir de 1997. "El impacto de esta infracción en la competencia fue significativo en la medida en que, al concertarse sobre el precio medio, los transformadores conseguían uniformizar al máximo los precios finales que pagarían a los productores y reducir el beneficio de éstos, todo ello por debajo del nivel que resultaría del libre juego de la competencia", dice el documento, de carácter confidencial.

La eficacia de estos acuerdos la demuestra la evolución de los precios medios del tabaco pagados a los agricultores. Desde 1998, cuando el acuerdo se "aplicó plenamente y se cumplió, la escalada de precios registrada en años anteriores se interrumpió e incluso se produjo un descenso". En 1997 se pagó un 34% más de media que en la campaña anterior. Pero en 1998, concertadas plenamente las compañías, el precio bajó un 5%.

La Comisión Europea considera que esta forma de proceder contraviene el artículo 81 del Tratado de la Comisión Europea. Este prohíbe las prácticas "con objeto o efecto de impedir, restringir o falsear el juego de la competencia". La competencia no existía puesto que todos los años las transformadoras acordaban el precio medio por kilo de tabaco que iban a pagar posteriormente a la agrupación de productores a la que compraban la materia prima.

Competencia recuerda que la legislación "prevé expresamente" que el precio del tabaco ha de ser fijado libremente por las partes. Esto quiere decir que cada empresa ha de negociar con su agrupación de productores precios y cantidades de forma individualizada. La finalización de las prácticas concertadas entre las compañías tuvo un efecto inmediato en el 2001: comenzaron a subir los precios (un 60% ese año) y WWTE y Agroexpansión empezaron a ganar cuota de mercado a costa de Cetarsa. Esto es, el mercado --anestesiado desde 1996-- volvió a funcionar.

Fue ese año, concretamente en una reunión el 13 de marzo en el hotel Intercontinental de Madrid, cuando los presidentes de las cuatro transformadoras iniciaron los contactos ante la subida de precios originada por la llegada de tres nuevos operadores a un negocio que controlaba Cetarsa en exclusiva.

Pero entre 1996 y 1998 los acuerdos de precios y cantidades entre las empresas "no se respetaron en las transacciones finales de venta de tabaco crudo", por lo que añadieron mejoras.