Extremadura hizo hacer gala de ser una comunidad poco inflacionista. Al contrario de lo que sucedió en el resto de comunidades españolas, los precios bajaron en noviembre pasado un 0,2% en Cáceres y un 0,1% Badajoz, con lo que la tasa de inflación acumulada en los once primeros meses del año en Extremadura es del 3,3% y la interanual (últimos doce meses) en el 3,3%, según el INE.

En el conjunto del Estado no sucedió así y la inflación volvió a campar a sus anchas. El IPC subió en noviembre dos décimas, con lo que la tasa de inflación acumulada en los once primeros meses del año es del 3,7%, y la interanual del 3,9%, según los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tras conocer el dato de que el coste de la vida había crecido un 3,3% en los últimos doce meses, UGT y CCOO de Extremadura advirtieron de la pérdida de poder adquisitivo que sufren los trabajadores, ya que a pesar de la bajada de la inflación en noviembre en la región, las centrales consideran "irrenunciables" para el 2003 las cláusulas de revisión salarial en todos los convenios.

UGT dice que a pesar del "pequeño respiro" en noviembre en Extremadura, la subida sigue suponiendo un peligro para el crecimiento económico y causa un daño enorme a las economías domésticas más modestas por la pérdida de poder adquisitivo.

ACTUALIZACION DE PENSIONES

La tasa de inflación de noviembre tiene una significación especial, pues sirve de referencia para la actualización de las pensiones. El Gobierno ha anunciado que destinará unos 2.000 millones de euros (330.000 millones de pesetas) para compensar a los pensionistas por la desviación del IPC entre el 2% previsto y el 3,9% real. Según CCOO, en Extremadura tendrán que destinarse unos 20 millones de euros (3.330 millones de pesetas) para garantizar el poder adquisitivo de los perceptores de pensiones.

Dicha compensación está regulada por ley y se hará efectiva en una sola paga que cobrarán los 8,4 millones de pensionistas españoles hacia el 20 de enero próximo. Los líderes de CCOO y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez, consideran que los últimos datos del IPC son una muestra de la política económica "ineficaz" del Gobierno.