Un informe elaborado por el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha acusa a las compañías eléctricas de haber cobrado de forma indebida a los consumidores extremeños casi cuatro millones de euros desde el 2004. Se trata de dinero recaudado al liquidar el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) en aquellos casos en los que no se ha registrado un consumo efectivo. Es decir, a propietarios de viviendas vacías, segundas residencias o inmuebles temporalmente desocupados, así como a aquellas empresas de actividad estacional, que no tienen consumo eléctrico durante parte del año. En la región los usuarios afectados por esta práctica son, calcula Gestha, algo más de 200.000 en estos cuatro años. A nivel nacional, se estima que los perjudicados serían más de seis millones y medio, mientras que el importe recaudado irregularmente ascendería a 126 millones.
El IEE se calcula teniendo en cuenta dos conceptos: la potencia contratada y el consumo de electricidad. El usuario paga esta tasa a la compañía eléctrica, que a su vez lo ingresa al Tesoro Público. Los técnicos de Hacienda señalan en un comunicado que este "cobro ilegal" aumenta al añadirle el gravamen del 16% de IVA, lo que en total supone aproximadamente un euro por cada recibo bimestral emitido.
"Desde el punto de vista legal, se puede cobrar, que sea moral es ya otra cuestión", explica Diego Carmona, profesor titular del Area de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Extremadura. Carmona señala que legalmente no hay nada que prohíba o autorice recaudar este impuesto si no se ha producido consumo. "Las eléctricas se aprovechan cuando no hay jurisprudencia suficiente o de los recovecos que quedan en la ley", afirma Carmona, para luego añadir que en esta ocasión concreta las compañías "son conscientes de lo que están cobrando y de que no deberían hacerlo, porque se les ha dicho en muchas ocasiones".
En esta línea, Gestha recuerda que la Dirección General de Tributos puso de manifiesto en 1998 que este gravamen no debía liquidarse si no había consumo efectivo de electricidad. José María Mollinedo, secretario general de Gestha, subraya que "este criterio, conocido por todo el sector, no ha sido secundado por la gran mayoría de las compañías eléctricas, debido quizás al coste de la adaptación de sus aplicaciones informáticas. Lo que resulta chocante es que esta actualización tecnológica no haya sido exigida aún por la Agencia Tributaria".
Por su parte, la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) han desmentido que se estén cobrado estas cantidades de forma ilícita, informa Europa Press. A juicio de la patronal eléctrica, estas percepciones se ajustan a la interpretación de una respuesta vinculante que en 1998 la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda dio a una consulta de las empresas sobre esta cuestión, en la que se establecía que, "con carácter general, la base imponible del tributo se determinará a partir de la cuantía facturada, incluido cuando el recibo sólo contenga la potencia contratada".
También fuentes de la Agencia Tributaria han restado validez al informe de Gestha, ya que consideran que "no es oficial" y que es "imposible" extraer la conclusión a la que se ha llegado. "Al hacer la autoliquidación con la Agencia Tributaria de todos los impuestos es muy difícil derivar que hay 126 millones" cobrados indebidamente, señalan.
