La decisión del juez Baltasar Garzón de inhibirse en la causa sobre las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo y remitirla a los juzgados territoriales dada a conocer el pasado martes ha causado sorpresa y diferentes reacciones. Para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex) este hecho supone la "ruptura de la unidad del proceso judicial iniciado, que se diluirá ahora en un cúmulo de causas de futuro incierto".

Para la asociación extremeña, según expuso ayer en un comunicado, trasladar ahora las actuaciones a los diferentes juzgados territoriales "no augura nada bueno" y ofrecer el comité de expertos al servicio del Ministerio de Justicia y de paso a todos los juzgados implicados "supone prácticamente dejar el proyecto y el comité, en una vía muerta". Sostiene además la asociación que la "imposibilidad de crear un solo procedimiento y de abrir en sede judicial en la Audiencia Nacional en Madrid una oficina o censo nacional de desaparecidos, rompe el camino abierto con las resoluciones judiciales anteriores del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional".

CONTINUIDAD Arhmex ha advertido, no obstante, que "la lucha por la memoria seguirá, aunque por el momento haya encallado el intento de constituir por fin, con un criterio unificado y con un proceso coordinado, una verdad judicial a la altura de la verdad histórica".

Las fosas comunes, aseguran, "seguirán abriéndose", con la legislación vigente, con la Ley 52/2007, o con la anterior, "como aquella que hizo posible las primeras exhumaciones de cientos de fosas por toda España durante los primeros años de ayuntamientos democráticos (1979-1981), o las más recientes que se llevan a cabo en Extremadura, en virtud del Proyecto autonómico de recuperación de la memoria histórica, en Llerena, Talarrubias, Pozuelo de Zarzón...".

Y también ha lanzado la asociación un mensaje de tranquilidad a los familiares de las víctimas extremeñas, puesto que aseguran que seguirán "potenciando al máximo el que se atiendan las legítimas demandas de los ciudadanos extremeños que aún ignoran el paradero exacto de sus familiares, muchos aún en fosas comunes". Así como también el que se "aumenten las medidas e instrumentos necesarios para que la administración pública, en especial la Junta de Extremadura, facilite a los interesados, como viene haciendo, las tareas de localización y, en su caso, identificación de los desaparecidos".