La preocupación por el incremento de personas dependientes no es exclusiva sólo de Extremadura. La mejora de la atención a este sector de población es uno de los pilares del Ejecutivo central, que ya trabaja para crear un sistema público con el que articular ayudas económicas y prestaciones sociosanitarias. Para ello se ha elaborado un Libro Blanco que servirá de base a la nueva Ley de Atención a las Personas Dependientes, en el que han participado asociaciones expertas en discapacidad.

En España hay 1.125.000 personas con alguna discapacidad que requieren ayuda diaria. En la actualidad el gasto en prestaciones sociales es de 4.000 millones de euros anuales, de los que 2.500 millones corren a cargo de las comunidades autónomas y ayuntamientos, mientras que el resto lo aportan la Seguridad Social y el Imserso.