El número de inspectores de Trabajo en activo en Extremadura se ha estancado en los últimos años --15 para las dos provincias, según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-- mientras que el ritmo de nuevos ocupados en la economía regional crece a un ritmo medio de 10.000 nuevas personas anuales. Los sindicatos UGT y CCOO han señalado reiteradamente a la insuficiente labor inspectora como uno de las causas del incremento de los accidentes laborales.

La siniestralidad laboral ha aumentado un 7% en los ocho primeros meses del año con respecto al mismo periodo del ejercicio 2004, según datos avanzados hace unos días por UGT. Destaca sobremanera el aumento de los percances mortales, pues ya van 31 cuando en todo el 2004 se registraron 22. El último mortal se produjo hace escasos días en la mina de Aguablanca, en Monesterio, cuando un trabajador falleció aplastado por una máquina.

Concha Gómez, responsable de seguridad de CCOO-Extremadura, asegura que el sindicato lleva un año reivindicando el incremento de la plantilla de inspectores en la región. De hecho, el pasado junio CCOO respaldó las reivindicaciones laborales de los subinspectores de Trabajo de Cáceres y Badajoz "ante la situación precaria en la que desempeñan su labor".

DOS MESES EN ACTUAR Gómez añadió que no es sostenible que para una provincia con la población activa que tiene Badajoz haya en activo 9 inspectores de Trabajo. La incapacidad es tal, relata Gómez, que en muchos casos desde que el sindicato interpone una denuncia sobre una presunta irregularidad en un centro de trabajo ante la inspección hasta que ésta actúa transcurren hasta dos meses, "lo que da tiempo ya a que se produzca un accidente".

UGT ha solicitado recientemente la creación de una fiscalía especial para perseguir las actuaciones que contravengan la legislación laboral. Desde CCOO se apunta que ya hay fiscales asignados a perseguir irregularidades en el ámbito laboral pero que depende de la voluntad de las "altas instancias judiciales" que se dediquen efectivamente a estas tareas, algo que no sucede.

Aparte de la insuficiente labor inspectora, Concha Gómez asegura que las condiciones laborales de los trabajadores son mínimas en algunos y que esto, unido a la precariedad, es terreno abonado para los accidentes.

Fuentes sindicales explican que la escasez de personal complica sobremanera la actividad inspectora, ya que los inspectores no sólo han de visitar los centros de trabajo para comprobar si existen o no irregularidades sino que además han de llevar a cabo toda la tarea administrativa y de papeleo .

Según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, el número de inspectores permanece estancado en 15 al menos desde principios del 2003, repartidos entre Cáceres (6) y Badajoz (9). Los inspectores tienen capacidad de perseguir irregularidades en materia de prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y economía sumergida. Mientras, los subinspectores sólo tienen competencias en los dos últimos ámbitos. Este último cuerpo sí que ha visto incrementarse el número de efectivos en los últimos años, pues ha pasado de los 18 del 2004 a los 21 del 2005, según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Los subinspectores se reparten entre los 12 de Badajoz y los 9 asignados a la provincia de Cáceres.